La Fiscalía de Área de Algeciras ha interpuesto una denuncia ante los Juzgados de San Roque contra Cepsa SAU por presuntas irregularidades dentro de las obras del proyecto Fondo de Barril. Así lo ha comunicado la fiscal a Verdemar Ecologistas en Acción Campo de Gibraltar, colectivo que elevó su demanda a Fiscalía, en un escrito fechado el 30 de julio. La entidad ecologista amplió posteriormente esta denuncia tanto al Ayuntamiento de San Roque como a la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.
De este modo, el escrito de la Fiscalía de Área de Algeciras dirigido al colectivo ecologista señala que se procede a la judicialización de las diligencias de investigación penal que se registraron en virtud del escrito presentado en su día por Verdemar “denunciando diversas irregularidades por parte de la mercantil Cepsa SAU dentro de las obras acometidas en el proyecto conocido como Fondo de Barril”.
Verdemar, en su escrito a la Fiscalía, denunció la “presunta comisión de delitos de prevaricación urbanística y ambiental, relativos a la protección de la flora y fauna, contra los recursos naturales y el medio ambiente, y sobre el patrimonio histórico, definidos en los artículos 319 y siguientes del vigente Código Penal”.
Ruiz Boix
En la descripción de los hechos, el colectivo ecologista subraya la “actitud perseverante del alcalde de San Roque en el mantenimiento de los efectos de la presunta comisión de delitos”.
De hecho, se hace eco de una publicación de ANDALUCÍA INFORMACIÓN y VIVA CAMPO DE GIBRALTAR en la que el primer edil pide a Cepsa “mayor tino” a la hora de presentar la documentación del proyecto tras una serie de “incorrecciones habituales”, además de calificar de “valiente” la licencia concedida para los movimientos de tierra.
Para Verdemar, Boix actuó “a sabiendas de la ilicitud de las licencias” y lo acusa de pretender “vanamente” convalidar “a posteriori” la “situación irregular de las mismas” al introducirlas en una modificación puntual del Plan Especial y de Seguridad Interior (Peysi), aprobado en noviembre de 2018 y del que no se había procedido a su publicación “en una lamentable dejación de funciones”, señala la entidad.
Prevaricación administrativa
Por otra parte, Verdemar entiende que se produce una presunta prevaricación administrativa por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. En concreto, se refiere a los dictámenes emitidos por el Servicio de Protección Ambiental.
En concreto, la entidad conservacionista se refiere a los dictámenes favorables para la modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la Refinería Gibraltar-San Roque correspondiente al proyecto de relocalización de tuberías procedentes de dichas instalaciones, que a juicio de Verdemar incurren en “manifiesta arbitrariedad y desviación de poder”.
La “arbitrariedad” que señalan los denunciantes radica en la “vulneración del principio de legalidad” al extralimitarse, según el escrito de demanda, en las potestades atribuidas por el Real Decreto que regulaba los procesos administrativos durante el estado de alarma, ya que este tipo de autorizaciones no se incluía entre las mismas.
Verdemar entiende que también se produce una “vulneración de la legislación sectorial sobre prevención ambiental” por “legitimar el otorgamiento de autorización con carácter provisional” y por “dictaminarse contra los postulados de la Ley (…) de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental”.
Verdemar recuerda que “Todas estas consideraciones se hicieron valer en el pertinente trámite de alegaciones, habiéndose rechazado sin que se motiven las razones jurídicas en contra de sendos argumentos, respecto a los que se guarda silencio”.
