Que un alcalde de un Ayuntamiento al que le han tirado para atrás cuatro Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) los tribunales -vale que le apunte uno o medio a un cuatripartito que hubo por medio entre tantos gobiernos socialistas- saque pecho porque el Tribunal Supremo le ha admitido a trámite un recurso de casación que lo casi reglamentario es que se admita a trámite, es de traca.
El Supremo a lo único que se agarra es que se trata de un tema público que puede afectar a más personas pero no entra en nada más a la hora de admitirlo.
Pero el alcalde de Chiclana, José María Román, como docente que ha sido cuando no ha ejercido de alcalde, debería saber que cuando a un niño se le explica una lección cuatro veces y lo suspenden, hay que mirar al maestro y a su capacidad para enseñar.
Cuatro PGOU tumbados por los tribunales y elaborados por uno de los mejores urbanistas de España -que dicho sea de paso tiene una mina en Chiclana-, además de un récord, denota una más que posible injerencia debida en lo auténticamente urbanístico para entrar el plano de lo político, en el plano empresarial y en el plano especulativo. Como mínimo. Y sólo hay que ver la política urbanística que han seguido los socialistas desde que gobiernan en la ciudad. O sea, tres días después de morir Franco.
La fotografía que ilustra esta noticia habla por sí misma del descontrol permitido por los responsables urbanísticos municipales al amparo de unas normas sustantivas que se pidieron como provisionales cuando se abordó el primer PGOU el siglo pasado y siguen en la provisionalidad.
Permisividad e impuestos aun sin servicios, política expansiva sin control y como consecuencia de un excesivo afán recaudatorio y un definido interés electoralista en tanta permisividad, la creación de un problema social que ahora nadie es capaz de solucionar de una forma ecuánime y satisfactoria ya debería estar en vías de solución pero que está parado. Quizá porque electoralmente no salen las cuentas o no es un plato tan suculento como seguir edificando hasta el último rincón verde posible.
Pero el PGOU de Chiclana no está anulado, dice el alcalde. Está pendiente de un recurso de casación. Y lleva razón José María Román. La seguridad jurídica está garantiza, insiste el presidente de la Corporación; se admite pez como animal de compañía.
La Junta de Andalucía ya no puede aguantar más una situación que ha permitido a los municipios arrasar zonas verdes, de Dominio Público Marítimo-Terrestre, especulaciones a granel y sobredimensionamiento de núcleos de población a los que luego no llegar servicios. Ha sido la tónica durante 35 años. Hasta que a la fuerza ahorcan y cuando ya les ponen la cara colorada antes de aprobar un plan, sale un decreto que pone la ley andaluza a la altura de la española y de la europea.
Lo que se puede hace no se hace
La asociación Toniza-Ecologistas en Acción le contó las verdades del barquero al Gobierno de José María Román, principal protagonista como primera autoridad municipal de ese récord de varapalos judiciales y además le hacía un requerimiento por pura responsabilidad.
“Los promotores de esos instrumentos de desarrollo saben o deberían saber que, mientras siga en vigor este PGOU anulado por el TSJA, no existe cobertura legal urbanística suficiente para ejecutar con garantías esos proyectos”.
Sin embargo, "el Gran Proyecto Urbanístico de Chiclana por razones sociales, económicas, medioambientales y de justicia, la Regularización del Extrarradio, la dotación de servicios básicos a miles de personas, podría perfectamente estar ejecutándose desde hace años pero está sustancialmente parado de manera incomprensible”.
