Con tono firme, el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, aseguró la pasada semana que Veiasa, la empresa pública que realiza las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), “funciona bien”. Durante su intervención en el Pleno del Parlamento andaluz, interpelado por la diputada autonómica del PSOE Noelia Ruiz, Velasco negó que se haya producido “un deterioro generalizado del servicio que se presta en las 70 estaciones que hay en Andalucía” y, aunque admitió cierto colapso por la pandemia, “se ha reiniciado la actividad y (las listas de espera) se han puesto al día”, afirmó.
Ruiz, estupefacta, preguntó al consejero desde cuándo no pisaba una de las instalaciones y le puso casos concretos del caos en la gestión. “En Chipiona, no hay cita hasta el 8 de marzo”, denunció. En Algeciras, tampoco. Es la tónica general en la provincia y en el conjunto de la región. UGT lo confirma. “Se está dando fecha para dentro de dos o tres meses o incluso más”, apunta cuestionado al respecto Antonio Montoro, secretario feneral de la federación intercomarcal de Industria, Construcción y Agro (FICA) del sindicato.
El confinamiento duro agravó la situación entre el 14 de marzo y el 20 de abril, cuando se reanudaron las inspecciones, pero Veiasa sufre un serio problema por falta de personal anterior a la irrupción del coronavirus, advierte Montoro. En total en Andalucía, calcula que hacen falta 550 empleados más.
Los refuerzos, explica el portavoz de UGT, son insuficientes y limitados en el tiempo (los últimos contratos vencieron a finales de noviembre) para hacer frente a los retrasos y, además, no se cubren las plazas estruturales que deberían cubrise haciendo fijas a las personas eventuales.
Denuncia, igualmente, que se incumplen los acuerdos con respecto a la horquilla del número de vehículos, se meten vehículos sin cita o no se les dedica el tiempo estipulado en el convenio conlectivo y las resoluciones del Ministerio de Industria; no hay personal técnico; y, finalmente, afirma que la sobrecarga a los jefes de estación y al personal administrativo es insoportable. La aprobación del cuarto convenio colectivo está atascada.
Los usuarios pagan, en cualquier caso la factura, muy especialmente, remarca Montoro, empresas y autónomos que precisan de sus vehículos para trabajar.
José Luis Gata, responsable de mercado posventa de Solera, empresa experta en inteligencia del automóvil, expresa su preocupación por esta delicada coyuntura. Los retrasos en la ITV tienen consecuencias medioambientales y, también, en la seguridad vial. En este sentido, subraya que el 15% de los vehículos involucrados en accidentes con víctimas mortales, no habían superado la inspección.
Por otro lado, teme que, tanto la crisis económica como la dificultad para obtener cita, incentiven el absentismo: Gata calcula que en torno al 18% del parque móvil andaluz no cumple con su obligación de pasar la ITV. De los vehículos que sí acuden a la inspección, un 26% son rechazados. La reparación de los daños encontrados genera 466 millones de euros en los talleres de la región. El sector también sufre las consecuencias del colapso.
