El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, está citado para prestar declaración este lunes, 15 de febrero, a las 9.30 horas en el Juzgado Mixto número 1 de la localidad sanroqueña, en calidad de investigado por las presuntas irregularidades en las obras del proyecto Fondo de Barril, de Cepsa.
La citación se produce a través de una providencia de la jueza sustituta, dentro de las diligencias previas del procedimiento 411/2020, a petición del Ministerio Fiscal. La declaración del alcalde sanroqueño estaba prevista para el miércoles, pero finalmente se aplaza al lunes
La Fiscalía de Área de Algeciras interpuso una demanda ante los Juzgados de San Roque contra Cepsa S.A.U. por presuntas irregularidades dentro de las obras del proyecto Fondo de Barril. Así se lo comunicó la fiscal a Verdemar Ecologistas en Acción Campo de Gibraltar, colectivo que elevó su demanda a Fiscalía, en un escrito fechado el 30 de julio. La entidad ecologista amplió posteriormente esta denuncia tanto al Ayuntamiento de San Roque como a la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.
De este modo, el escrito de la Fiscalía de Área de Algeciras dirigido al colectivo ecologista señala que se procede a la judicialización de las diligencias de investigación penal que se registraron en virtud del escrito presentado en su día por Verdemar “denunciando diversas irregularidades por parte de la mercantil Cepsa SAU dentro de las obras acometidas en el proyecto conocido como Fondo de Barril”.
Verdemar, en su escrito a la Fiscalía, denunció la “presunta comisión de delitos de prevaricación urbanística y ambiental, relativos a la protección de la flora y fauna, contra los recursos naturales y el medio ambiente, y sobre el patrimonio histórico, definidos en los artículos 319 y siguientes del vigente Código Penal”.
Ruiz Boix
En la descripción de los hechos, el colectivo ecologista subraya la “actitud perseverante del alcalde de San Roque en el mantenimiento de los efectos de la presunta comisión de delitos”.
De hecho, se hace eco de una publicación de ANDALUCÍA INFORMACIÓN y VIVA CAMPO DE GIBRALTAR en la que el primer edil pide a Cepsa “mayor tino” a la hora de presentar la documentación del proyecto tras una serie de “incorrecciones habituales”, además de calificar de “valiente” la licencia concedida para los movimientos de tierra.
Para Verdemar, Boix actuó “a sabiendas de la ilicitud de las licencias” y lo acusa de pretender “vanamente” convalidar “a posteriori” la “situación irregular de las mismas” al introducirlas en una modificación puntual del Plan Especial y de Seguridad Interior (Peysi), aprobado en noviembre de 2018 y del que no se había procedido a su publicación “en una lamentable dejación de funciones”, señala la entidad.
