El viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz Atanet, ha señalado que el Gobierno andaluz remitirá al Ministerio de Transportes entre este lunes y martes un nuevo borrador de convenio para la financiación del soterramiento de las vías del tren en Almería en el que propondrá que la Adif pueda explotar el aparcamiento subterráneo asociado a la actuación pero "sin la titularidad".

En declaraciones remitidas a los medios, el viceconsejero señala que Adif "debe valorar si es necesario disponer de la titularidad" del parking o no para licitar las obras, valoradas conjuntamente en cerca de 240 millones de euros, al entender que "con la simple explotación" ya contarían con "la gestión del aparcamiento".

Desde el departamento que dirige la consejera Marifrán Carazo sostienen que desde Adif aún no se ha acreditado la necesidad de ostentar la propiedad del parking como condición para licitar los trabajos una vez resuelta la fuente de financiación, por la que se permite a la Junta aportar 48,5 millones de euros de fondos Feder para que sea Adif la realice la actuación de forma global sin desgajar la estación de autobuses y el aparcamiento.

No obstante, desde el Gobierno andaluz se mantiene abierta una segunda línea de trabajo para estudiar "la solución jurídica y patrimonial" que resultaría de "dar la titularidad del aparcamiento a Adif".

"Si no es suficiente la explotación, hay que estudiar la viabilidad desde el punto de vista jurídico y patrimonial de la cesión de la titularidad del aparcamiento que financia la Junta y pretende conseguir Adif", ha dicho el viceconsejero.

Esta segunda línea de trabajo planteada desde la Junta conllevaría dilatar aún más en el tiempo la licitación de los trabajos, si bien Muñoz Atanet ha incidido en que si Adif "tiene interés en firmar el convenio previo a la licitación de las obras puede hacerlo ya, de forma inmediata" en caso de aceptar la cesión de la explotación del aparcamiento.

Desde la Junta de Andalucía han vuelto a apremiar al Gobierno en la licitación de los trabajos, al entender que puede encargarse la obra sin necesidad de contar con un convenio firmado, máxime cuando esta actuación acumula un retraso de más de una década.