La Fiscalía ha remitido al Decanato de los Juzgados de Almería una denuncia en la que solicita que se abra causa penal para investigar si el alcalde de Lucainena de las Torres, Juan Herrera, habría incurrido en delito contra los derechos cívicos por negar presuntamente, de forma sistemática, información a la oposición socialista sobre diversas facturas, contratos y adjudicaciones.
El Ministerio Público interesa en su escrito, consultado por Europa Press, la práctica de varias diligencias para la comprobación de los hechos denunciados por el concejal y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Salvador Rivas, y pide, una vez se conozca el resultado de dichas pruebas, se cite a declarar en calidad de imputado a Herrera (PP).
La investigación penal intentará dirimir si el regidor ha impedido en los últimos meses el acceso de los concejales de la oposición a la información "precisa" para "poder ejercer la labor de control" de los órganos de gobierno y, en concreto, a distintos expedientes de los ejercicios 2012 y 2013.
Rivas detalla en su denuncia, como ejemplo, cuatro casos en los que el alcalde habría contestado a las solicitudes del PSOE por escrito que la petición de documentación era "improcedente" e indica que, "aún habiéndose personado en el Ayuntamiento para acceder a los expedientes dada la importancia que para nosotros tiene la información a efectos de probar irregularidades", se les ha negado.
Así, según desgrana, en junio de 2013 se presentaron sucesivos escritos en el registro de entrada para pedir acceso a "distintas facturas del ejercicio 2012", a los "contratos de trabajo de los socorristas en 2012 y en 2013", así como "copia del modelo 347 de operaciones con terceros del Ayuntamiento".
INFORMACIÓN SOBRE TARJETAS DE CRÉDITO
En julio, también se remitieron escritos para conocer las "tarjetas de créditos a disposición del Consistorio, las personas autorizadas y extractos bancarios de las mismas relativos a los dos últimos ejercicios", solicitudes que se reiteraron con posterioridad en agosto.
La denuncia apunta que, en todas las ocasiones, el alcalde declaró "improcedente" la petición pese a lo cual el PSOE en septiembre pidió nueva documentación, en este caso, sobre "una serie de expedientes de obras ya finalizadas, y por segunda vez, sobre el expediente de adjudicación del chiringuito de la piscina municipal".
"Transcurridas dos semanas, y tras personarme en el Ayuntamiento --señala Rivas--, obtuve negativa de acceso a esta información y el secretario me manifestó que lo pidiera por escrito, lo que se vuelve a reiterar en octubre sin que se haya tenido respuesta por parte del alcalde y habiendo transcurrido el plazo legal para poder acceder a lo que se solicitaba".
El Ministerio Público considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito contra los derechos cívicos e interesa la apertura de procedimiento penal para que, por una lado, se reciba declaración al denunciante y, por otro, se solicite informe al secretario municipal de Lucainena de las Torres para que certifique o informe sobre si se han realizado las solicitudes de información a las que se refiere la denuncia, y si han sido tramitadas precisando con qué resultado.
Interesa, por último, que se reciba declaración como imputado, "una vez practicadas las anteriores diligencias y a la vista del resultado de las mismas", a Herrera en su condición de alcalde.
El portavoz del PSOE ha criticado en numerosas ocasiones la "contratación cada año del hijo del alcalde como socorrista en la piscina municipal" y ha advertido de la existencia de órdenes de pago presuntamente "sin acomodarse a un plan de disposición de fondos de la Tesorería", y sin "tramitación, aprobación y reconocimiento de la obligación".
