La jueza que investiga una presunta estafa millonaria en el seno de la Cooperativa Agrícola San Isidro (CASI) de Almería bajo mandato del expresidente José María Andújar ha ordenado un informe pericial para determinar el alcance del supuesto fraude que una auditoria externa de la entidad aportada a la causa cifra en alrededor de "1,2 millones de euros" por "sobreprecio" en el tomate cocktail y de "1,8 millones" en facturas y gastos cuya procedencia se pone en duda.
La resolución dictada la semana pasada por la magistrada Alejandra Dodero acuerda, además de designar un auditor de cuentas para la elaboración de la citada pericial, investigar al consejo rector para dirimir "si autorizó los pagos bajo sospecha, cuántos autorizó y si, por tanto, adoptó decisiones" que derivaron en "un perjuicio económico a los socios y en qué cuantía", según han indicado fuentes judiciales a Europa Press.
Las nuevas diligencias ordenadas en el marco de este procedimiento se producen a raíz de la segunda declaración en sede judicial en calidad de imputado de Andújar, quien compareció el 3 de febrero citado por la jueza para ser interrogado por el contenido de la auditoria externa incorporada como pericial de parte de una de las acusaciones particulares.
Cabe recordar que esa auditoría externa aportada a la causa en la que también está imputado el exgerente Antonio González, dio lugar a que se emprendiese una acción de responsabilidad patrimonial cuyo inicio fue aprobado por los socios de la cooperativa en asamblea.
El citado informe, cuyo contenido fue ratificado por los autores a los que se citó en calidad de peritos, indica que el "sobreprecio" cobrado en la variedad de tomate cocktail, que comercializaban presuntamente "en exclusiva" un total de 13 personas físicas y jurídicas del "entorno cercano" a Andújar y a la junta rectora, "incluido él mismo y su mujer", ascendió a 1.231.000 euros en las campañas 2012-2013 y 2013-2014.
Andújar fue interpelado en sede judicial sobre el "perjuicio económico acreditado" a la mayor comercializadora agrícola de la provincia mediante "el sobrecobro" en tomate cocktail y sobre si esta práctica derivó en un presunto "enriquecimiento ilícito" para ellos.
También le preguntó por "gastos de representación" que, en un principio, ascenderían a "unos 200.000 euros" y por la facturación por más de "1,2" millones de euros de una constructora "con facturas en las que, en algunos casos, no está muy claro el concepto". En este punto es donde entra la actuación del consejo rector ya que, para su pago, debían ser autorizados por el.
TESTIGOS Y SUPUESTO BORRADO DE DATOS
La jueza ha escuchado, asimismo, como testigos a agricultores de CASI que, a instancias de las dos acusaciones particulares, relataron como, por ejemplo, "se habían visto obligados a arrancar las matas de la variedad de tomate cocktail porque no se las cogían en las subastas y que habían plantado ante el aliciente que suponía que se estuvieran pagando al agricultor a una media de 1,77 el kilo".
La investigación judicial también intenta determinar el alcance y gravedad del "borrado de datos informáticos" que el informe pericial de parte atribuye a uno de los dos imputados y que se habría producido "después de que se presentará la denuncia de uno de los socios de la entidad que dio lugar a la apertura de diligencias previas en marzo de 2014, cuando aún estaban en la cúpula de CASI", según han indicado las mismas fuentes.
En concreto, el supuesto "borrado" afecta a los datos sobre "gastos de manipulado, de estructura y variables del precio" de la variedad de tomate cocktail "en las fechas" sobre las que giran las pesquisas.
DENUNCIA INICIAL
Las diligencias previas se incoaron mediante auto el 27 de febrero a raíz de la denuncia de un socio de CASI en la que se informaba de que Andújar, encargado junto a González de las "operaciones relacionadas con la venta de los productos que los socios llevan a las instalaciones de la cooperativa", habría cultivado durante la campaña 2012-2013 la variedad de tomate cocktail permitiendo que solo "tres o cuatro socios, relacionados directamente y personalmente con él mismo" también plantaran esta variedad. Esta práctica, según ahondaba, se habría extendido a la siguiente campaña agrícola.
Exponía, al hilo de esto, que la supuesta negativa del entonces responsable de la entidad a que esta variedad fuera cultivada por otros socios siempre habría causado "sorpresa" por lo inédito en la cooperativa ya que, según añadía, la tónica habitual era que los aproximadamente 1.500 socios fuesen los que decidiesen la variedad de tomate a plantar y producir cada campaña en las explotaciones al objeto de su posterior comercialización.
La denuncia por presunta estafa concluía a partir de los datos conocidos hasta ese momento que el expresidente, "de forma unilateral", habría decidido por este método "fijar un sobreprecio para los tomates procedentes de su explotación".
