La Fiscalía Provincial ha archivado la denuncia presentada por IULV-CA contra el Ayuntamiento de Almería sobre la Ley de Memoria Histórica de Andalucía al no apreciar delito penal y considerar que el control sobre la legalidad en la actuación municipal correspondería más a la jurisdicción contencioso-administrativa.

El Ministerio Público indica en su decreto, consultado por Europa Press, que la permanencia en edificios públicos y en el callejero de la ciudad de símbolos y nomenclaturas "antidemocráticas, fascistas y franquistas" como denunció la coalición de izquierdas no merece la intervención penal que limita a los "casos más graves".

"No es suficiente la mera ilegalidad, la mera contradicción con el derecho pues ello supondría anular en la práctica la intervención del control de los tribunales contencioso-administrativos, ampliando desmesuradamente el ámbito de actuación penal", sostiene para añadir que la sanción penal solo debe utilizarse "para resolver conflictos cuando sea imprescindible".

En esta línea, traslada la Fiscalía que no se trata de "sustituir" la jurisdicción contenciosa por la penal "a través del delito de prevaricación" para controlar la legalidad en la actuación de la administración sino que se trata "de sancionar supuestos límites en los que la actuación no es solo ilegal, sino además injusta y arbitraria", lo que no se daría en lo denunciado por IULV-CA.

"Es preciso distinguir entre ilegalidades administrativas aunque sean tan graves como para provocar la nulidad de pleno derecho y las que, trascendiendo el ámbito administrativo, suponen la comisión de un delito", concluye el decreto.

El coordinador local de IULV-CA, Enrique Ruiz, ha indicado a Europa Press que lamentan la resolución adoptada por el Ministerio Público, que "respetamos como no podía ser de otra forma pero con la que no podemos estar de acuerdo" ya que, según ha remarcado, la actuación municipal de no dar cumplimiento a la legislación ordinaria como está "obligado es reiterado".

"Nos encontramos con que la Fiscalía ni siquiera se ha molestado en investigar los hechos para ver si hay delito de prevaricación ni tampoco en instar al Ayuntamiento a que de cumplimiento a la ley", ha dicho Ruiz, quien ha reprochado que se "declare incompetente y no vea indicios penales".

"INCUMPLIMIENTO REITERADO"

En esta línea y tras reiterar que "estamos ante un incumplimiento reiterado" de la Ley andaluza de Memoria Histórica por parte del Ayuntamiento, ha trasladado que barajan elevar denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía o recurrir a la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz.

La denuncia presentada en abril en Fiscalía señalaba al Ayuntamiento de Almería como administración "responsable" en la retirada de la simbología franquista conforme a la legislación aplicable en el término municipal de Almería y señalaba que tiene "plenas competencias para proceder a la retirada de la toda la simbología y monumentos políticos que puedan exaltar a la dictadura Franquista y son contrarios a los derechos humanos y son contrarios a la propia Constitución y las propias disposiciones de derecho internacional, como la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas".

En el texto, aseguraba que el Consistorio estaría incumplimiento La Ley 52/2007 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derecho y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, establecen en su artículo Símbolos y monumentos públicos y recuerda que, entre las medidas que contempla la normativa, se incluye la retirada de subvenciones o ayudas públicas.

Hacía referencia, asimismo, a la ley 2/2017 de 28 de Marzo, de Memoria Histórica y Democrática y a su artículo 32 que indica que la exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, se considera contraria a la Memoria Democrática de Andalucía y a la dignidad de las víctimas.

En la denuncia elevada al Ministerio Público, la coalición de izquierdas apuntaba, asimismo, que desde el Ministerio de Justicia se ha enviado una misiva quien solicita certificación sobre "la no existencia de simbología de exaltación en su municipio" y se advertía de que, en caso de que la hubiera, se procediese a dar cumplimiento a la Ley 52/2007, "elaborando el catálogo de vestigios municipal, con su inmediata retirada de los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura".

El escrito estaba acompañado de documental entre la que figuraba copia del acta del plenario de 29 de diciembre de 2008 donde se aprueba la moción relativa a la retirada de simbología franquista, un recorte de prensa sobre simbología franquista en Almería, un dossier de elementos franquistas existentes actualmente en el término municipal de Almería y las mociones presentadas durante este mandato que han sido rechazadas por el pleno.