La Consejería de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, a través de la Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, ha abierto un expediente sancionador por "publicidad engañosa" a un promotor extranjero por una promoción de viviendas que se ofertaba en Tíjola (Almería) y que se vendían como "bungalows con búnker".
Fuentes del Gobierno andaluz han precisado a Europa Press que el expediente incoado también obedece a que las viviendas que se ofertaban para su venta tienen un carácter "ilegal", ya que se asentaban en una porción de terreno en zona privada de suelo no urbanizable, conforme anuncia el mismo expediente.
En este caso, se promocionaba a través de anuncios la posibilidad de adquirir en el municipio de Tíjola viviendas "con búnker" en una parcela que no contaba con la calificación de suelo que permitiera su edificación, si bien el promotor cuenta con un periodo de 15 días para alegar a dicho expediente.
La sanción por la publicidad mediante la que se ofertan viviendas irregulares es una de las novedades que incluye el nuevo decreto de viviendas, aprobado en septiembre de 2019, en el que se tipifica como infracción leve la publicidad que se haga de las obras y, en general de cualquier acto y uso del suelo, por cualquier medio, que contenga indicaciones disconformes con la ordenación urbanística o sea susceptible de inducir a error a los adquirentes.
Durante el pasado año la Junta ya abrió un total de 16 procedimientos sancionadores por infracciones de esta naturaleza detectadas en anuncios de Internet, "resultando una instrucción rápida y eficaz que culmina con una sanción" que, pese a no ser muy cuantiosa, si logra de manera rápida censurar la publicidad "ilícita", que "desaparece de la red rápidamente", lo que evita "negocios fraudulentos".
Según los últimos datos facilitados desde Ordenación del Territorio, el número de expedientes tramitados por la inspección para prevenir la aparición de irregularidades urbanísticas se ha duplicado en solo dos años en Andalucía, de modo que frente a los 557 expedientes tramitados en 2018, último año de la legislatura anterior, en 2019 se contabilizaron 965 expedientes, un 73 por ciento más, y en 2020, a pesar de la pandemia, el número de expedientes alcanzó los 1.087.
Las medidas adoptadas por la Junta y las multas impuestas a quienes no restauran voluntariamente la legalidad ha llevado incluso en los últimos meses a "demoliciones voluntarias" en todo el territorio andaluz, constando la "autodemolición" de edificaciones ilegales en Oria (Almería), entre otras localidades andaluzas.
