Con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado se consuma uno de los mayores ataques sufridos por nuestra Administración Local, como es el desmembramiento del cuerpo de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, es decir, los secretarios, interventores y tesoreros encargados de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo, del control y fiscalización de la gestión económico-financiera y presupuestaria y de la contabilidad de nuestros Ayuntamientos y Diputaciones.
Ese desmembramiento viene vergonzosamente escondido en una Disposición Final de esa Ley por la que se le hace entrega al Gobierno vasco de todas las funciones relacionadas con esos funcionarios, sentando un peligroso precedente que puede acabar teniendo su continuidad en el resto de Comunidades Autónomas.
Desde la Constitución los funcionarios han servido en varias Comunidades sin que la distinta legislación propia de cada una ni el idioma que se habla en algunas de ellas haya sido hasta ahora un problema, por lo que éste no puede ser el motivo para hacer lo que se ha hecho. Y hablo de motivo porque no se recoge ningún argumento en la Ley, de ahí que considere que es un asunto vergonzosamente escondido, porque no se puede entender de otra manera lo que no se explica, utilizando un procedimiento vedado por el Tribunal Constitucional, en lugar de utilizar la luz y taquígrafos tantas veces reclamados por quienes han firmado esto cuando estaban en la oposición y acudir a los procedimientos legalmente previstos para modificaciones de tal calado.
La garantía de imparcialidad y objetividad en el cumplimiento de las funciones de estos funcionarios viene dada por el hecho de que su selección y nombramiento corresponde a la Administración Central.
Pero esto va a cambiar en el País Vasco, suponiendo, en la práctica, la entrega de aquellos que deben ejercer sus funciones de control para que dependan de quienes tienen que controlar. ¿Y por qué?, pues porque quieren contentar a aquellos alcaldes a los que estos funcionarios les resultan “incómodos”, que son los que quieren hacer su voluntad sin atender a si es legal o no.
Y veremos a partir de ahora cuántas plazas se convocan o si se acaba prefiriendo acudir al sistema de cubrir las vacantes con interinos, siempre dóciles y afectos al régimen. Pero después que nadie se extrañe de las consecuencias que se traducirán, previsiblemente, en casos de corrupción. Y lo que ahora se considera un triunfo puede acabar explotándoles en la cara.
Todas las esperanzas de este Cuerpo de Funcionarios es que algo funcione en este Estado cuyo apellido “de Derecho” parece quedar cada vez más en entredicho y esperar a la resolución de los recursos que se presentarán solicitando amparo, no sólo para conservar ese carácter nacional del Cuerpo sino también para luchar por la dignidad de las instituciones en las que sirven.
No se comprende cómo quien llegó a la Presidencia del Gobierno a través de una moción de censura basada en los casos de corrupción del anterior Ejecutivo ahora ponga los pilares para crear un Estado corrupto, empezando por la Administración más cercana al ciudadano, como es la Local, y justo cuando Europa va a estar mirando con lupa en qué nos gastamos los millones que nos va a enviar y que estos funcionarios deberán fiscalizar en los Ayuntamientos que los reciban.
