Andalucía ha recibido más de 4.600 solicitudes por el Sistema Arbitral de Consumo en el año 2022, de las cuales, 1.942 en las Juntas Arbitrales Autonómicas, 1.815 en las provinciales y 861 en las municipales.

El 90% de los casos gestionados por el Sistema Arbitral de Consumo se resuelve de forma satisfactoria para los consumidores, un servicio público gratuito que, por la vía extrajudicial, ayuda a solucionar conflictos entre las personas consumidoras y las empresas. En la actualidad, más de 100.000 empresas están adheridas voluntariamente al Sistema Arbitral de Consumo, según un comunicado enviado por Presidencia del Gobierno.

A nivel nacional, durante el mismo período, se presentaron más de 72.000 solicitudes de arbitraje, aproximadamente un 63% más que el ejercicio anterior, la gran mayoría relacionadas con servicios básicos (energía, gas o agua), telecomunicaciones (Internet, telefonía) o bienes de consumo (alimentos o bebidas, electrodomésticos, muebles).

En España existen 60 Juntas Arbitrales de Consumo de carácter regional, provincial o municipal. Para que una de ellas se haga cargo, se tienen que dar dos requisitos, por un lado, que la controversia no verse sobre intoxicaciones, lesiones, muertes o indicios racionales de delito; y que la empresa acepte el arbitraje, ya sea de forma previa al surgimiento del conflicto mediante la realización de una oferta de adhesión al sistema arbitral, o aceptando un conflicto concreto.