No obstante, y pese a la declaración de culpabilidad, aún habrá que esperar unos días para conocer la condena, que corresponderá fijar al magistrado-ponente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba, si bien todo apunta a que prevalecerá la petición del Ministerio Fiscal que solicitó para el único acusado 17 años de prisión, una pena intermedia entre los 15 años de cárcel que pidió la defensa y los 20 solicitados por Manuel Fernández Poyatos, el abogado de la acusación particular.
En su veredicto, el jurado ha considerado probado que sobre las 06:00 horas del 18 de octubre de 2007, el acusado se aproximó por la espalda a Francisco Sánchez con un cuchillo en una mano y una barra de hierro en la otra, una situación de indefensión que fue aprovechada por el asesino para consumar el crimen golpeando a su víctima en la cabeza "en repetidas ocasiones con la intención de acabar con su vida". Además, el jurado desmonta los argumentos del procesado que "apoyándose en los testimonios confusos, contradictorios y abiertos de los psiquiatras que lo han tratado", se presentó ante el tribunal esgrimiendo ser un enfermo mental que en el momento de los hechos padecía esquizofrenia paranoide y trastorno de la personalidad, "algo que no ha quedado demostrado". De hecho, el tribunal cree que el acusado "no tenía sus facultades mentales totalmente anuladas como consecuencia de un posible brote psicótico que pudiera haber sufrido durante el suceso", y al mismo tiempo ha considerado "probado" que desde 2007, "el acusado mantenía una relación conflictiva con sus vecinos a los que incluso había llegado a amenazar en numerosas ocasiones por las molestias que pensaba que estos le causaban".
Por último, en su veredicto, el presidente del jurado popular también cree probado que a consecuencia del crimen, "la viuda y los hijos del fallecido padecen un trastorno depresivo y sufren repetidas crisis de ansiedad", lo que también les abre la posibilidad de recibir una indemnización económica por los graves daños psicológicos causados.
El juicio que se ha venido desarrollando en la Audiencia Provincial de Córdoba ha levantado un enorme interés mediático. Prueba de ello han sido los numerosos medios de comunicación que se han hecho eco del caso, y la presencia en la sala de un nutrido grupo de vecinos de la aldea de El Palomar que han querido acompañar a la familia de Francisco Sánchez en estos difíciles momentos. Además, y por si fuera poco, el único encausado por este crimen tampoco ha colaborado demasiado para hacer el trance más llevadero, sobre todo porque en la primera jornada del juicio ofreció una versión completamente distorsionada de la realidad sabedor de que esa era la única posibilidad que tenía para reducir la condena.
Ante la indignación de los presentes en la sala, Rafael Guerrero reconoció la autoría de los hechos e incluso llegó más lejos, justificando el crimen y argumentando que fue el propio Rubio Trenas quien le había amenazado de muerte “por una disputa sobre unas tierras”. Además, Guerrero, que negó que tuviera una mala relación con los vecinos y que precisó que “necesita medicarse debido a los trastornos psicológicos que padece”, modificó una de sus anteriores declaraciones señalando que “en ningún momento golpeó a la víctima por la espalda”, extremo este que fue rebatido por los médicos forenses, que explicaron ante el tribunal que según el informe de la autopsia, la víctima murió como consecuencia de seis golpes en la cabeza producidos por un objeto contundente cuando se encontraba de pie y de espaldas, “por lo que no pudo defenderse”. Del mismo modo, el abogado de Guerrero trató de centrar su defensa en los problemas de alcoholismo y trastornos de personalidad de su cliente con el fin de que el tribunal estimara esta anuante para rebajar la condena, pero el argumento de uno de los psiquiatras que tomó parte en el juicio, que recordó que en el historial médico del acusado aparecen varios ingresos en el Hospital Universitario Reina Sofía por brotes psicóticos vinculados al consumo del alcohol, contrastó con la versión del procesado, que durante su interrogatorio reconoció que el día en el que ocurrieron los hechos no había bebido y que, además, había seguido el tratamiento.
