Dos testigos aseguran que la vivienda del sacerdote tenía aspecto de normalidad
Los dos jóvenes encarcelados como presuntos asesinos de un sacerdote sevillano han pedido al juez ser sometidos a una prueba para determinar su posible toxicomanía, según se supo ayer tras la declaración de dos testigos que han dicho que el escenario del crimen tenía un aspecto de normalidad.
Fuentes del caso han informado a Efe de que el abogado sevillano Manuel Castaño ha asumido la defensa de los acusados, en sustitución del abogado de oficio, y ha pedido al juez de instrucción 2 que los dos jóvenes sean sometidos a la prueba del pelo para determinar su consumo de tóxicos en los últimos meses.
El juez tomó ayer declaración a los dos primeros testigos que acudieron a la vivienda de la víctima el pasado 6 de octubre, quienes han declarado que todo tenía un aspecto de normalidad y sin indicios de robo o actos violentos.
El cuerpo del sacerdote E. M. L, de 65 años, fue encontrado en su domicilio de la calle Jesús del Gran Poder de Sevilla por un sacerdote que se extrañó de su ausencia en la iglesia de San Antonio Abad, donde solía oficiar misa.
Este sacerdote y un vicario del templo que acudió posteriormente al domicilio han dicho al juez que la vivienda tenía un aspecto normal y la víctima estaba en la cama, tapado con una sábana y en la posición que solía adoptar para dormir.
La muerte del religioso se produjo el día 5 y fue atribuida por los servicios de emergencia sanitarios a causas naturales, por lo que el cuerpo fue incinerado, aunque el día 16 ingresaron en prisión como presuntos autores C. M. D. y J. M. L. D, dos jóvenes de 19 años dedicados a la prostitución homosexual.
Los sospechosos confesaron el crimen a un amigo residente en Guadalajara, que fue quien denunció los hechos a la Policía, ante la cual C. M. D. y J. M. L. D. reconocieron que mataron al cura asfixiándole con un cojín y lo atribuyeron a que uno de ellos se había negado mantener relaciones sexuales.
Los acusados, en su comparecencia ante el juez, se acogieron a su derecho a no declarar y aún no han solicitado una nueva declaración en la que podrían retractarse de la confesión o aportar nuevos datos.
Las fuentes han dicho a Efe que los jóvenes están acusados de presuntos delitos de asesinato y robo, pues sustrajeron aparatos electrónicos y un teléfono móvil.