Incertidumbre, impotencia y, sobre todo, indignación. Así transcurre el día a día del sector de la chirla en Sanlúcar, del que en la localidad viven directamente casi un centenar de familias, ante el inicio del paro biológico forzoso de siete meses el pasado sábado después de que la Consejería de Agricultura y Pesca ordenase esta medida ante los resultados del estudio del caladero encargado al Instituto Español de Oceanografía (IEO). Un diagnóstico que no ha pillado por sorpresa a los mariscadores y armadores de Sanlúcar, que tienen claro que a la hora de hablar de culpables de esta situación hay que referirse al “fracaso de gestión” de la Administración andaluza. “Si la Junta no hubiera realizado una gestión tan mala nada de esto hubiera pasado, lo que pasa es que no lo han hecho bien y encima se ha juntado todo con el desastre que originaron las lluvias de este año y las que vienen ahora”, señala Manuel Robles, portavoz de la Asociación de Barcos de Chirla.

A la espera de reunirse con el delegado municipal de Pesca, Rafael Louzao, pese a que reconocen que no tienen demasiadas expectativas en dicho encuentro, tres días después del comienzo del paro, el sector asegura estar en stand by y pendiente de contactar con los compañeros de Punta Umbría e Isla Cristina para “coordinarnos” a la hora de tomar decisiones, dado que aunque el malestar es evidente aún no tienen claro si emprenderán alguna medida de protesta.

Unas acciones que están supeditadas al apoyo o no que encuentren por parte de la Junta, dado que, según Robles, la propuesta de la Consejería de la que es titular Clara Aguilera para los mariscadores es que perciban las prestaciones del desempleo durante todo este tiempo y dar algún tipo de ayuda a quien no tenga paro, lo que no termina de convencerlos. “No sabemos cómo lo van a hacer, pero lo que está claro es que muchos de nosotros no tenemos paro para tanto tiempo y la Junta tendrá que responder”, indica, recordando que las administraciones están obligadas por ley a pagar una cantidad económica por día cuando se fije la suspensión de la actividad durante más de 22 días por contaminación u otras cuestiones.

Y es que, con vistas a que el caladero se reproduzca, lo máximo que han llegado a parar en su momento ha sido dos meses “llegándolo a hacer incluso de forma voluntaria y sin cobrar” pero nunca ha sido “tanto tiempo” e impuesto por un problema que “no hemos provocado nosotros”, sentencia.