De los 42 detenidos, 27 son miembros de la organización y personas que colaboraban en el fraude, y 15 son parte de las 60 víctimas extorsionadas por la organización, al haber colaborado en la falsificación de documentos, según explicó en conferencia de prensa el jefe del Grupo de Delitos Económicos de la Policía de Sevilla, Fernando Sevillano.
La organización fraudulenta actuaba a través de una empresa, cuyo nombre no ha sido revelado pero que estaba radicada en el Edificio Fórum, de Sevilla, dedicada a la compra-venta inmobiliaria y a préstamos de capital privado, y todos los detenidos son de Sevilla aunque la organización también ha operado en Cádiz y Córdoba, efectuando estafas por valor de dos millones de euros.
Esta organización operaba con personas de pocos recursos económicos y escasa formación a los que ofrecía saldar todas sus deudas a cambio de que le efectuaran un falso contrato de compra-venta de sus viviendas, contra las cuales, posteriormente, les conseguían un crédito hipotecario.
Las viviendas pasaban pues a ser propiedad de la organización, que les procuraba la documentación falsa para acceder al crédito hipotecario, ya que en la mayoría de los casos se trataba de desempleados o personas que obtenían sus recursos en actividades de economía sumergida.
Entre esta documentación falsa se ha hallado una nómina de la empresa municipal de limpiezas de Sevilla Lipasam, si bien también se ha falsificado otro tipo de documentación necesaria para la obtención de los créditos hipotecarios, como vidas laborales, declaraciones de la renta o contratos de trabajo indefinidos, entre otras.
Según la policía, los directores de bancos detenidos eran conscientes de estas falsificaciones, y cobraban en torno a 5.000 euros por la concesión de los créditos hipotecarios, con la esperanza de que, para cuando se descubriera la morosidad de los titulares, cosa muy probable por su precaria situación económica, ya hubieran cambiado de oficina y no se les pudiera seguir el rastro.
En estas operaciones, la tasadora de las viviendas pertenecía a la organización desarticulada y tasaba por encima del valor de las viviendas consiguiendo la máxima tasación posible e incrementando el crédito hipotecario.
Las víctimas recompraban sus viviendas a la organización, mediante estos créditos hipotecarios a 30 o 40 años, con cuotas bajas, de entre 200 ó 300 euros mensuales, con lo que la organización obtenía ganancias de la diferencia entre el crédito concedido y el valor real de la casa, además de cobrar a las víctimas entre 4.000 y 6.000 euros por la documentación falsificada.
Estos no se quedaban con ningún documento expedido por la organización, ni por la compra-venta ficticia de su propia casa, ni por cualquier otro concepto.
