El Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella ha dictado una nueva orden de detención contra el ex concejal del Ayuntamiento marbellí Carlos Fernández, que está en busca y captura desde 2006 por el ‘caso Malaya’ contra la corrupción municipal e inmobiliaria en este consistorio.


En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez decreta la detención judicial del ex edil para tomarle declaración como imputado en una causa urbanística en la que también están encausados los ex alcaldes de Marbella Julián Muñoz y Marisol Yagüe.


El magistrado considera que Fernández "ha tenido participación" en un presunto delito de prevaricación, por lo que acuerda librar requisitoria a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil para que lleven a cabo la detención del ex concejal.


El que fuera instructor del ‘caso Malaya’, Miguel Ángel Torres, ya decretó el 4 de julio de 2006 una orden de búsqueda y detención contra el ex concejal marbellí, después de que éste no compareciera ante el juez por esta causa y a pesar de que el magistrado quiso darle varios días antes de cursar la misma por si respondía a la citación judicial.


Mientras, Torres ordenó el registro de la casa que Fernández compartía con sus padres, situada en la urbanización de Cabopino de Marbella, al entender que el ex edil podría haber incurrido en un delito de cohecho y en la actuación los investigadores se llevaron la unidad central de un ordenador de la vivienda.


Al iniciarse la segunda fase de la ‘operación Malaya’, el ex concejal aseguró por teléfono que estaba en Galicia haciendo el Camino de Santiago y que regresaría de inmediato si era requerido por la Justicia, pero no lo hizo.
Carlos Fernández fue concejal de Deportes por el Grupo Independiente Liberal (GIL) con el ex alcalde Jesús Gil, ya fallecido; más tarde se pasó al Partido Andalucista (PA) y en 2003 suscribió la moción de censura que desbancó de la Alcaldía a Julián Muñoz.


A partir de ahí, formó parte del gobierno que presidió Marisol Yagüe como teniente de alcalde y concejal de Turismo hasta septiembre de 2005, cuando fue expulsado por la alcaldesa junto a otro edil de su partido tras la denuncia de varios trabajadores sobre la gestión económica de las áreas de las que se encargaban.


Fernández dimitió de forma irrevocable de la secretaría local del PA al conocer que había sido condenado a dos años de prisión y tres de inhabilitación por malversación de caudales públicos.