El Tribunal de Cuentas ha acordado plantear una cuestión prejudicial a la Justicia Europea sobre la ley de amnistía en el marco del procedimiento sobre el desvío de fondos públicos para el "procés", al albergar dudas de que la norma entre en colisión con la normativa comunitaria.

Si la semana pasada el Tribunal Supremo decidió llevar la ley al Tribunal Constitucional, convencido de que vulnera la Carta Magna, este lunes ha sido el órgano contable quien ha acordado consultar la norma por primera vez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La consejera encargada del procedimiento que afecta al expresidente catalán Carles Puigdemont y a una treintena de ex altos cargos subraya en su auto, al que ha tenido acceso EFE, que es "muy difícil conciliar" la ley de amnistía con la "prevención de la impunidad del fraude y la corrupción" que persigue el derecho de la Unión Europea.

E incide en que diversos preceptos de esta ley podrían dar lugar, "precisamente, a la impunidad de las responsabilidades contables que, en su caso, se pudieran declarar por los hechos enjuiciados" en este procedimiento, que ahora queda en suspenso tras esta decisión.