Sevilla ya cuenta con su limitación de pisos turísticos, no podrán exceder el 10% con respecto a la vivienda residencial, lo que de facto supone una “moratoria” en el centro y la zona histórica de Triana, y habrá una revisión barrio por barrio de ese porcentaje, según el acuerdo alcanzado con Vox para apoyar la propuesta del Gobierno municipal, que cifra en 7.000 “como mucho”, las nuevas licencias que se otorgarían en la ciudad, una regulación que no ha contado con el respaldo ni de PSOE, que solicitaba una moratoria completa, ni de Con Podemos-IU, que les acusa de “condenar” a los vecinos a ser expulsados de sus barrios.
Con la protesta de fondo de Sevilla se muere, que se ha concentrado ante el Ayuntamiento para expresar su rechazo a la medida, el debate plenario ha estado plagado de cruce de acusaciones, especialmente hacia Vox, partido al que le han cuestionado su “papelón” al apoyar la propuesta inicial del Gobierno local sólo por “migajas”, aunque su portavoz, Cristina Peláez, se ha afanado en defender los compromisos arrancados al PP: la revisión barrio por barrio de los porcentajes, que el delegado del Urbanismo, Juan Bueno, ha avanzado que ya ha empezado, y la reclamación a la Junta de la revisión del decreto autonómico.
“Estamos satisfechos”, decía Peláez, que ante la crítica de la portavoz de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, que se sorprendía con que “confíen en los compañeros del PP”, sí que anunciaba que realizarán un “seguimiento exhaustivo” de la revisión de esos porcentajes según las características de los barrios y le espetaba la izquierda que los criterios “son los que usted pedía”, como son el esfuerzo familiar, la saturación acústica o las zonas patrimoniales.
Al PSOE Peláez le reprochaba que pidieran una moratoria que no es posible por la reforma del PGOU que limitaba urbanísticamente la instalación de pisos turísticos que hizo mientras gobernaba. De hecho, esa referencia le servía a Juan Bueno para culpar directamente al PSOE de ser el “auténtico responsable” de la proliferación de pisos turísticos al no haber hecho nada en ocho años, a lo que el socialista Francisco Javier Páez para asegurar que ellos sí que fueron los primeros en regularlos aunque después lo recurriera la Junta, gobernada por el PP.
El delegado de Urbanismo, que aseguró que “con todo el dolor de mi corazón” no salió adelante la regulación en julio, insistía en el compromiso del Gobierno por la “regulación total” de los pisos turísticos y que la limitación es “un paso más”, por lo que confiaba en que, una vez aprobada, “sigamos sumando”. Tampoco escatimó críticas al PSOE, al que llegó a decir que la aprobación era “un golpe a su bloqueo permanente porque es superior a sus fuerzas” cualquier iniciativa que suponga un avance, asegurando que “no hemos caído en sus trampas, ni hay limitación arbitraria ni moratoria ilegal”, recordando que cuando se avance en las revisiones por barrios, “se puede llegar hasta el 2%” que pedían los socialistas.
Por su parte, Páez insistía en que la regulación que sacan adelante PP y Vox es un “atentado al interés general” y que demuestra que se regula centro y Triana pero “el resto de barrios no les importa”, abriendo la puerta a miles de nuevas licencias en el resto de la ciudad, reprochando al Gobierno local que diga ahora que sólo serán 7.000 cuando el mismo expediente habla de 23.000. Además, le reprochaba al gobierno que se negara a rebajar los porcentajes y bajarlos al 2% “pero ahora sí se puede modificar”, además de no aceptar cambiar la declaración responsable, que es “un coladero”, por una licencia administrativa común.
La más dura en sus críticas fue Susana Hornillo. La portavoz de Con Podemos-IU acusó al Gobierno local de “condenar” a 23.000 familias a ser “expulsadas” de sus barrios y cifró, tras consultar el registro de viviendas, en 22.705 nuevas licencias las que se podrían otorgar en toda la ciudad cuando hasta el Banco de España ha advertido del efecto negativo que las viviendas de uso turístico tienen en los precios de alquiler. “Los que han salido ganando son los rentistas”, aseguraba, recordando que un informe de Emvisesa cifra en un 400% la rentabilidad del uso turístico con respecto al residencial, por lo que “expulsar a los vecinos del barrio sale rentable”.
