Con los votos de los concejales de los tres grupos de la oposición (PSOE, IU y VOX), el Pleno de la Corporación Municipal rechazó la propuesta de subida del 40% de la tasa por prestación del servicio de residuos sólidos urbanos planteada por el equipo de Gobierno municipal del PP, una votación cuyo resultado motivó el malestar del alcalde, Sergio Velasco, quien dijo que la misma deja al Ayuntamiento “en una situación de absoluta indefensión”.
Durante el debate, la concejala de Hacienda, Tatiana Pozo, defendió la propuesta de subida de la tasa “por responsabilidad” y “para cumplir la ley”. La edil indicó que en los últimos años ha aumentado el coste de la prestación del servicio, por lo que se considera necesario adaptar las tarifas. “Hay un desequilibrio económico en Egemasa de 700.000 euros, de ahí la necesidad de incrementar las tarifas en un 40%, lo que significaría un incremento del recibo de 11,5 euros al trimestre, estableciendo además una serie de bonificaciones en función de las circunstancias específicas de los sujetos pasivos”, dijo Pozo, quien recalcó que “el Ayuntamiento debe aprobar modificar la tasa para dar cumplimiento a la ley”.
En el turno de los partidos de la oposición, el portavoz del PSOE, José Antonio Gómez anunció su voto en contra a la propuesta, afirmando que se trata de “un saqueo al bolsillo de los ciudadanos”. “Estamos a favor de la ley, y de que pague más quien más recursos tiene y más contamina, pero no se puede equilibrar ingresos y gastos sólo mirando la parte de ingresos y no haciendo nada en la parte de gastos”. Gómez acusó al equipo de Gobierno de “crear malestar y descontento con sus medidas de gestión de residuos que, además, no reducen el gasto, como fue el caso de la supresión de contenedores”. “Los servicios públicos hay que pagarlos, pero no estamos de acuerdo con que aumenten los impuestos, como llevan haciendo desde que gobiernan. Hay formas de compensar la subida con bajadas en otros sitios, como la que hemos propuesto del IBI, pero para usted, señor Velasco, lo fácil es subir impuestos, no se sonroja por ello y encima se enfada y nos amenaza con llevarnos al Tribunal de Cuentas si votamos en contra de su propuesta”.
Igualmente, el portavoz de Izquierda Unida, Jesús David Sánchez, rechazo el planteamiento del equipo de Gobierno. “Los partidos políticos no hablan de la gestión de los residuos y su coste, cuando en realidad los servicios públicos se pagan y se mantienen con impuestos y el esfuerzo debe recaer en quienes más tienen y más contaminan”, subrayó Sánchez, quien añadió que “la clave está en entender por qué este servicio se ha hecho deficitario económicamente en los últimos años”. El portavoz de IU reprochó al equipo de Gobierno el hecho de no haber proporcionado datos sobre el servicio, y defendió las medidas planteadas por su formación en materia de tratamiento de residuos, “unas propuestas que no se han tenido en cuenta y han quedado en el olvido”.
También la única edil de VOX, Toñi Gallardo, dijo que su formación estaba en contra de la subida de impuestos “y, por lo tanto, no apoyaremos la propuesta por ética y responsabilidad, y porque los perjudicados son siempre los mismos, los ciudadanos”. “Los que no cumplen con la legalidad son ustedes –afirmó- y nosotros no podemos asfixiar más a los pontanenses ni meter más las manos en sus bolsillos”.
Por último, el alcalde, Sergio Velasco, fue tajante al afirmar que “la ley del Gobierno de España, promovida por Pedro Sánchez, promueve un mandato imperativo a los Ayuntamientos para aprobar la tasa antes del 9 de abril de 2025 eliminando el déficit tarifario”. “Nuestra voluntad política no ha sido hacer una subida tan súbita de la tasa de residuos, pero la interpretación de la ley señala que es un mandato de la misma, nos guste o no, pero hay partidos que aquí en el Pleno dan el ejemplo a la ciudadanía de incumplir un mandato legal”, sentenció el alcalde, agregando que “nosotros no podemos hacer lo que queramos, ya que estamos sometidos a la ley”.
“Nos dejan en una situación de incumplimiento de la ley y me preocupa la situación de los trabajadores de la Egemasa, porque no sé cuál va a ser la decisión del nuevo interventor sobre la transferencia a la empresa”, insistió Velasco precisando que “hay unos costes mínimos que tenemos que cubrir” y “esperaba de este Pleno más seriedad, ya que hemos traído informes de absoluta legalidad, y es imposible reducir los costes de Egemasa 700.000 euros, con lo cual nos ponen en una situación de absoluta indefensión, y espero que cada uno asuma su responsabilidad personal contable”. En otro orden de cosas, sí salió adelante la modificación de la ordenanza del IVTM, que establece una bonificación del 100% para los vehículos históricos de más de 30 años de antigüedad, fijándose igualmente una bonificación del 50% a los que tengan 25 años, bonificación que irá aumentando gradualmente hasta la gratuidad del impuesto para los de 30. Dicha bonificación debe ser rogada, siendo solicitada por la persona interesada antes del 30 de junio de cada año.
