La adjudicación del alquiler de aseos públicos de la Feria Real 2024 por más del doble del presupuesto inicial, aspecto que vulneraría la Ley de Contratos del Sector Público, ha desatado en los últimos días un duro cruce de acusaciones entre el PP y el PSOE.
Los socialistas han acusado al Gobierno del PP de cometer una “grave irregularidad”, ya que “el contrato, que debía adjudicarse por 5.220 euros más IVA, fue otorgado a una empresa por 11.030 euros más IVA, duplicando su coste sin justificación alguna”. El PSOE denunció que “según el dictamen oficial del Consejo Consultivo de Andalucía, el Ayuntamiento adjudicó el contrato de manera irregular y contraria a la ley, violando el artículo 173.5 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que prohíbe comprometer gastos por encima del crédito autorizado”, todo ello además, teniendo en cuenta que “la Ley de Contratos del Sector Público establece que una oferta que supere el presupuesto de licitación debe ser rechazada automáticamente, lo que en este caso no ocurrió”.
Los socialistas han señalado también que “la empresa adjudicataria afirma que fue presionada por el Ayuntamiento para presentar una oferta superior, asegurándole que no habría problema a pesar de que incumplía la normativa”, aspecto que “demuestra la mala gestión del gobierno del PP, que trata los fondos públicos como si fueran su cortijo personal”.
No tardó el alcalde, Sergio Velasco, en salir al paso de las acusaciones, indicando que la afirmaciones del PSOE eran “falsas, tendenciosas y profundamente irresponsables”. “En el caso del lote correspondiente al servicio de aseos, el precio ofertado por la empresa adjudicataria superaba el presupuesto base del pliego (11.030 euros frente a 5.220 euros sin IVA). Este exceso no fue detectado por la Mesa de Contratación, compuesta exclusivamente por empleados públicos, sin participación de cargos políticos, como ocurre desde la entrada del actual equipo de Gobierno. Fue esa mesa quien elevó la propuesta de adjudicación, y yo, como alcalde y órgano de contratación, firmé el decreto conforme a lo habitual, sin conocer el error técnico que se había producido”, dijo Velasco, quien añadió que “una vez detectada la irregularidad, el propio Ayuntamiento, a iniciativa propia y sin ninguna petición externa, puso en marcha el procedimiento de revisión de oficio, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. También fue el Ayuntamiento quien remitió el expediente completo al Consejo Consultivo de Andalucía, porque entendimos que era lo correcto y lo legalmente procedente”.
Velasco dijo que el PSOE opta por “una estrategia basada en la insinuación, el descrédito y la acusación infundada”, y reprochó a los socialistas que “si consideran que alguien ha incurrido en irregularidades o ha actuado de forma dolosa, que lo afirmen con nombres y apellidos, y asuman las consecuencias legales de sus palabras. Si no, estarán reconociendo que su única intención es ensuciar para intentar sacar rédito político”.
Por último, el alcalde acusó al secretario local del PSOE, José Antonio Gómez, de “seguir empeñado en llegar a la Alcaldía sin habérselo ganado en las urnas, construyendo un relato de desgaste”, algo a lo que respondió horas más tarde el propio Gómez insistiendo en que “alguien del entorno de Velasco ha incumplido la ley y aunque él lo sabe, no quiere decir quién es”.
