Esa propuesta -que fue respaldada en su momento por la Mesa de Concertación Social y el CES- encontró ayer la oposición de PP y PSA, que consideraron que la actual coyuntura económica debería haber llevado al Gobierno local a plantear una bajada o al menos una congelación de la presión fiscal. La modificación en bloque de todas las ordenanzas contó por tanto con el apoyo del PSOE y de IU, aunque en este segundo caso hay que reflejar dos excepciones, que afectan al IBI y a la tasa que el Ayuntamiento cobra por la celebración de matrimonios civiles. En el primer caso, IU sigue demandando la revisión de los valores catastrales, exigiendo una bajada del tipo impositivo que permita que las bonificaciones municipales no afecten de manera paralela al conjunto de los propietarios, sino que beneficien en mayor medida a las clases populares. En el segundo caso, IU reclama la supresión de la tasa para aquellas bodas que, estando oficiadas por concejales, no se celebren en el Ayuntamiento.
Argumentos del debate
PP y PSA rechazaron el incremento del 4,5 por ciento de todos aquellos impuestos que no incorporarán el próximo año nuevas bonificaciones. El PSA votó a favor de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de alcantarillado y depuración; así como de la que afecta al abastecimiento de agua. En ambos casos, el Gobierno local ha planteado bonificaciones de hasta el 90 por ciento para las familias desfavorecidas, a petición de los propios afectados y siempre y cuando exista informe favorable por parte de la Dirección general de Bienestar Social y del Mayor.
Los populares, por su parte, se abstuvieron en estos dos puntos, anunciando en el transcurso del Pleno de presentar sendas enmiendas.
El delegado municipal de Recursos, Juan Manuel García Bermúdez, fue el encargado de defender la propuesta de modificación de ordenanzas presentada por el equipo de Gobierno. En su intervención, el concejal socialista aseguró que el Gobierno local “cumple lo que promete”, recordando el compromiso adquirido de “mantener en euros constantes la capacidad recaudatoria” del Ayuntamiento.
De igual modo, García Bermúdez incidió en el hecho de que la propuesta de ordenanzas fiscales no traslada a los ciudadanos la difícil situación económica por la que atraviesa el Ayuntamiento. “El año que viene, ningún jerezano va a ver incrementada la cuota de ningún impuesto por encima del IPC, tal y como también prometió el Gobierno local”, apostilló.
Con todo, el concejal popular Bernardo Villar acusó al Ejecutivo de vivir “de espaldas a la realidad”, recordando que Jerez es la segunda ciudad de la provincia con mayor presión fiscal, lo que a su juicio abría la puerta a la posibilidad de perdonar el ajuste de los impuestos al IPC. “En el PP creemos que los impuestos municipales se deben bajar, porque se puede y hay margen para hacerlo. El Ayuntamiento debe mostrarse solidario con sus contribuyentes. Si los vecinos se aprietan el cinturón, el Ayuntamiento también debería hacerlo”, argumentó.
En similares términos se expresó Raúl Ramírez (PSA), que afirmó que, si bien el ajuste de los impuestos al IPC podía parecer un planteamiento “razonable” hace sólo unos meses, ahora “no vale”, ya que tanto Jerez, como Andalucía y España atraviesan una situación “excepcional” producto de la crisis internacional. “Entendemos que los jerezanos se merecían un esfuerzo”, subrayó.
El portavoz de IU Joaquín del Valle dedicó su intervención a argumentar su rechazo a la ordenanza reguladora del IBI. Entre otras cosas, Del Valle demandó que el tipo impositivo se reduzca “lo que haga falta” mientras que el Ayuntamiento no deje de ingresar dinero, suprimiendo a cambio la bonificación introducida en el presente ejercicio para no incrementar la cuota más allá del 7 por ciento. Según el portavoz de IU, esas bonificaciones están haciendo que el Ayuntamiento esté ayudando en mayor medida “a los que más tienen”, ofreciendo incluso datos comparativos entre la bonificación que percibe el propietario de un piso de la avenida Álvaro Domecq y la que reciben los propietarios de San Telmo o Juan XXIII.
El Pleno de ayer también dio luz verde a la propuesta de aprobación de los complementos específicos anuales de los puestos de la estructura de mando del Ayuntamiento, un procedimiento que según Juan Manuel García Bermúdez tiene como objetivo “ajustar a la más estricta legalidad la estructura retributiva de parte del personal municipal”.
La propuesta no contó con el apoyo de ninguno de los grupos de la oposición. PP y PSA votaron en contra, mientras que IU se abstuvo. Con este punto se culmina el proceso de valoración de los puestos de la estructura de mando, que pretende lograr la “normalización retributiva” de los trabajadores que desarrollan tareas de máxima responsabilidad y acabar con las arbitrariedades.
De igual modo, el Pleno aprobó el Catálogo de Locales para la aplicación de la Ordenanza municipal de Cesión de Bienes Inmuebles, con el voto favorable del PSOE, el rechazo de PP y PSA y la abstención de IU.
Además, los grupos municipales aprobaron por unanimidad la Ordenanza de Inspección Técnica de Edificaciones (ITE).
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