El Partido Popular (PP) de Cádiz, a través de su portavoz provincial, Ana Mestre, exigió ayer la implicación de la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, en el proceso de disolución de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Este organismo que está actualmente en vía de extinción arrastra una deuda cercana a los 60 millones de euros.

De momento, la Seguridad Social ha empezado ya a endosar a estas corporaciones locales su cuota correspondiente a la deuda global del ente mancomunado, que asciende a ocho millones de euros. Se ha desvelado ya, por ejemplo, que, para saldar esta trampa, el Ayuntamiento de Sanlúcar deberá abonar unos dos millones, Chipiona  1,2  y Rota 800.000 euros por unos débitos que en ningún caso son propios.

En rueda de prensa acompañada por los alcaldes respectivos de Rota y Chipiona, Eva Corrales y Antonio Peña, y por el portavoz del PP en el Ayuntamiento sanluqueño, Juan José Marmolejo, Ana Mestre hizo hincapié en que a esta situación se ha llegado "por la desastrosa gestión del PSOE durante sus 26 años de gobierno en esta Mancomunidad".


Así, y aparte de las deudas con varios organismos, los populares hacen hincapié en el despido de 49 trabajadores fijos y 400 temporales y en la situación de abandono de la sede, materiales y maquinaria de la Mancomunidad.Por todo ello, la portavoz provincial del PP exigió ayer la intervención no sólo de la Junta, a través de su consejera de Hacienda, sino también de la secretaria general del PSOE de Cádiz y alcaldesa de Sanlúcar, Irene García.