La Junta de Andalucía está impulsando el desarrollo de la mediación en el ámbito penal en un total de 16 órganos judiciales de esta jurisdicción en Andalucía con el objetivo de contribuir a la resolución de conflictos sin tener que llegar a juicio, según el convenio firmado por la Consejería de Justicia e Interior con siete entidades que se encargan de promover esta iniciativa.
Según informa la Junta en un comunicado, el fomento de la mediación se lleva a cabo en órganos judiciales de las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga y Jaén con el apoyo de siete entidades que ayudan a las partes en litigo a resolver los conflictos de común acuerdo.
Así, en el caso de la provincia de Málaga, la mediación se está aplicando en tres juzgados de lo penal y en tres de instrucción, a través de sendos convenios con la Asociación para la Mediación Familiar e Intergeneracional, la Asociación Malagueña de Mediación para la Solución de Conflictos y la Asociación Mediamos.
En Jaén, se desarrolla en dos juzgados de lo penal y uno de instrucción, a través de un convenio con la entidad Solución@; mientras que en Huelva se lleva a cabo en uno de lo penal, con la Federación de Drogodependencias y Sida Enlace. Por último, en la provincia de Cádiz se está impulsando en cinco juzgados de lo penal y en una sección penal de la Audiencia Provincial, también con Sida Enlace.
El fomento de la mediación es "una prioridad y una línea estratégica" para el Gobierno andaluz, "ya que contribuye a solucionar la alta litigiosidad existente actualmente en la Administración de Justicia y ofrece una respuesta más rápida y práctica en la resolución de conflictos". De esta manera, en función de estos convenios, la Consejería de Justicia e Interior facilita el espacio físico y los medios materiales necesarios para que las entidades colaboradoras puedan desarrollar esta mediación.
Así, la Junta está apostando por la mediación penal como un modelo de la justicia restaurativa que fomenta la corresponsabilidad social en la prevención del delito y en la reinserción de las personas infractoras. En este tipo de mediación, víctima e infractor se reconocen la capacidad para participar en la resolución del conflicto derivado del delito, impulsando un proceso de diálogo y comunicación confidencial conducido y dirigido por un mediador imparcial. Todo este proceso va destinado a posibilitar un acuerdo que contemple la reparación del daño causado y la asunción de las consecuencias provocadas.
REDUCCIÓN DE CAUSAS
Con este programa de mediación, la Consejería de Justicia e Interior trata de reducir el número de causas penales que llegan al juzgado y excluir así del proceso judicial aquellos asuntos en trámite para que puedan ser solventados extrajudicialmente con el común acuerdo de las partes, "evitando de esta forma los juicios y los costes que su celebración supone para la Administración de Justicia".
Y es que la Junta ha explicado que la mediación tiene múltiples beneficios como el ahorro de costes y de tiempo, ya que se pueden solucionar por esta vía muchos conflictos en un periodo más breve que el requerido por un proceso judicial. Asimismo, se impulsa el valor de participación de las partes en litigio, lo que refuerza la solución al haber sido acordada, compartida y generadora, por tanto, de una mayor satisfacción que una sentencia impuesta por un juez que en muchas ocasiones no satisface por completo a las partes.
