La fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Ángeles Ayuso, admitió a trámite en junio de este año la denuncia interpuesta por más de 60 perjudicados de la entidad Bankia en la provincia gaditana a través del despacho de Abogados Ortiz. La citada denuncia tenía como objetivo informar a la Fiscalía de que a la hora de contratar participaciones preferentes, los damnificados y ahora denunciantes no fueron sometidos a ningún test de conveniencia, sino que la entidad bancaria “rellenaba unilateralmente” los recuadros con el ordenador, sin que el cliente tuviera ningún tipo de intervención. Es decir, no se explicaba claramente a los clientes los riesgos que corrían si se aceptaba, como fue el caso, contratar estas llamadas participaciones preferentes de Bankia.
Así pues las cosas, la fiscal Ayuso designó al teniente fiscal jefe Lorenzo Sacaluga para la investigación, la Fiscalía Provincial de Cádiz aperturó Diligencias Informativas 148/13 y ya con fecha 29 de noviembre se recibió un decreto de fecha 28 de agosto del fiscal Sacaluga en el que se acuerda "comisionar al Inspector Jefe de la Unidad Adscrita de la Policía Judicial, para que a la vista de los citados “test de conveniencia” se proceda a determinar en primer lugar, los domicilios de las concretas sucursales bancarias donde se confeccionan los mismos, así como de los clientes que los suscriben y, una vez determinadas esas circunstancias, resolver sobre la competencia territorial para continuar la investigación de los hechos denunciados, de ésta Fiscalía Provincial o de algunas de las Fiscalías de Área que de aquélla dependen”.
Cabe recordar que Ortiz decidió poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos antedichos porque así lo indicó el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su Decreto 44/2012, en el que invitaba a los ciudadanos afectados a recurrir a los tribunales. La Comisión Nacional del Mercado de Valores también exigió que los test de conveniencia e idoneidad se hicieran “de puño y letra por el cliente”. El objetivo del letrado es demostrar que Bankia actuó "masivamente” con esa táctica de autorrelleno del test por parte de la entidad y solo firma por parte del cliente, ya que la misma operación se repite en varias oficinas de la provincia, oficinas que deberá acreditar y determinar ahora la Policía Judicial.
Tras lo que determine el Inspector Jefe de la Unidad Adscrita de la Policía Judicial, la Fiscalía volverá a tomar cartas en el asunto para acordar si "los test no informaron detalladamente al cliente para que supiese qué producto se contrataba". De ser así, es ya sabido que algunas sentencias han obligado al banco a pagar el total de la inversión y los intereses legales que se deberían haber percibido.
