La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Lourdes Martín, ha reivindicado el cumplimiento de los derechos como ciudadanos de las personas con discapacidad intelectual durante la clausura de la primera edición del programa ‘+Ciudadan@s’, una iniciativa de la asociación Aspro-min, enfocada a la atención de este sector poblacional, con el apoyo de la Junta de Andalucía, y cuya finalidad es fomentar la inclusión del colectivo en la sociedad en igualdad de oportunidades.
Según ha indicado la Junta en una nota, usuarios del programa y de Aspromin (Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de la Cuenca Minera), así como profesionales y población joven en esta situación en general, han participado en el encuentro, concebido para el intercambio de experiencias entre los actores implicados y el establecimiento de nuevas relaciones, la aportación de buenas prácticas en este ámbito, avanzar en el conocimiento de los derechos del colectivo y la elaboración de un documento sobre retos futuros.
Unas 240 personas, entre ciudadanos con discapacidad intelectual o del desarrollo, familiares, cuidadores y profesionales vinculados, ha sido los destinatarios de este proyecto, con el que se pretende dar respuesta a una de las demandas más importantes de la población diana y el movimiento asocia-tivo en los últimos años: garantizar su participación real en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho.
Para ello, ‘+ Ciudadan@s’ ha incluido la realización de una batería de actividades formativas e informativas en torno a cinco áreas fundamentales: derechos, autodeterminación, vida independiente, acceso al empleo y bienestar personal. Sus objetivos específicos pasan por empoderar a las personas con discapacidad intelectual para que puedan defender por sí mismas sus derechos; fomentar su autodeterminación y participación en sus proyectos de vida; facilitar el apoyo y promoción de la vida independiente y consolidación en el caso de aquellos que ya la tienen; favorecer el acceso al mercado de trabajo a través de acciones de orientación, preparación y acompañamiento; promocionar el bienestar personal mediante actuaciones que potencien su desarrollo personal y emocional, y potenciar las relaciones sociales con el aprendizaje de habilidades en este ámbito.
El programa ha contado con una subvención de 5.000 euros de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y forma parte de las líneas de trabajo conjunto que vienen impulsando la Junta de Andalucía y FEAPS (Confederación Andaluza de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad), entidad a la que pertenece Aspromin, para ofrecer una atención integral a este sector poblacional en Huelva. FEAPS ha estado representada en la clausura por sus responsables provincial y regional.
ÁREA PRIORITARIA
El apoyo e integración social de las personas con discapacidad es una de las estrategias prioritarias de la Junta de Andalucía, tal y como se desprende de su firma apuesta por que la dimensión de la discapacidad esté cada vez más presente, desde una perspectiva transversal, en todas sus acciones de gobier-no.
Como responsable de estas competencias, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales se encuentra ya desarrollando el II Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad, que persigue mejorar la accesibilidad del colectivo en los ámbitos de la educación, vivienda, transporte, empleo, ocio, comunicación y medio ambiente, así como la atención que se le presta desde los servicios sociales comunitarios y el voluntariado.
Entre las principales decisiones de la Junta destacan el impulso de medidas de ahorro fiscal, la puesta en marcha de programas de empleabilidad, la elaboración de planes de accesibilidad en los municipios, reformas en viviendas, adaptación de las instalaciones sanitarias –incorporación de consultas ginecológicas adaptas a las mujeres-, distribución de tarjetas de aparcamiento, concesión de ayudas económicas complementarias a las pensiones más bajas, subvenciones a asociaciones y entidades, o el incremento del uso de la lengua de signos en los servicios públicos a través de su regulación.
La administración autonómica también está trabajando en la elaboración de una nueva Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, que actualizará los preceptos de la norma vigente e incidirá en la protección y garantía de sus derechos.
A todo ello se añade el esfuerzo por mantener las prestaciones en materia de Dependencia a pesar de los recortes efectuados desde el Gobierno central.
