La vicesecretaria general del Partido Popular andaluz, Virginia Pérez, ha considerado este miércoles que el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, "debería dimitir por dignidad y por ética" tras conocerse que una empresa de su primo ha sido una de las beneficiarias de las exoneraciones que el Gobierno andaluz otorgó en su última convocatoria de ayudas y subvenciones para cursos de formación profesional en la comunidad.
Según ha expuesto Pérez en rueda de prensa, "no se puede poner al lobo a cuidar de las ovejas" y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, debería "exigirle responsabilidades política" al consejero así como explicaciones sobre por qué a la empresa de un familiar suyo se le han concedido "48 exoneraciones por un valor de unos dos millones de euros", lo que supone "la cifra más alta" de exceptuaciones que la Junta hizo en su última convocatoria, según el listado hecho público por la propia Administración autonómica el lunes.
Pérez ha señalado que el PP-A entiende que esta empresa del primo de Luciano Alonso "no habría justificado muchos de los expedientes exonerados" y que, por tanto, el socialista, al que ha afeado que "ayer se le olvidara comentar esto" en la rueda de prensa que ofreció para explicar el anteproyecto de Ley de la nueva Formación Profesional, "no está capacitado para seguir siendo el responsable" de la Consejería que está revisando los más de 8.000 expedientes de cursos a formación concedidos desde 2007 a 2011 y que "supuestamente va a depurar responsabilidades internas".
"Querer esconderse detrás de un anteproyecto de ley que nada dice no tiene sentido cuando quien lo presenta es un señor al que, al día siguiente de esta apariencia, es capaz de hacer que se caiga el castillo de naipes cuando entendemos que hay más de dos millones de euros sin necesidad de justificación vinculados directamente a un familiar suyo", ha criticado.
Ante ello, la dirigente 'popular' ha vuelto a exigir a Díaz que comparezca en el Parlamento de Andalucía y "explique exactamente qué conoce de la formación y hasta dónde llega su conocimiento" sobre las subvenciones porque el PP-A "entiende que es mucho". "Y, por supuesto, que adopte medidas contra Luciano Alonso, que entendemos que debe dejar de ser miembro del Gobierno andaluz por una cuestión de dignidad y de ética", ha remachado.
A preguntas de los periodistas, no obstante, Pérez ha indicado que las exoneraciones a la empresa de este familiar de Alonso se produjeron cuando el socialista "aún era consejero de Deportes" y las competencias de la formación profesional las tenía la Consejería de Empleo, no Educación como ahora.
Pese a ello, Pérez ha exigido explicaciones sobre por qué "había empresas que sí conocían que estaban exoneradas de justificación" y otras que no y, tal y como ya pidiera ayer el PP-A, ha vuelto a solicitar a la Junta el "listado completo e íntegro" de las exoneraciones desde 2009.
Cuestionada sobre si el PP-A considera este mecanismo de las exoneraciones como una práctica irregular aun estando contempladas en la Ley General de Hacienda Pública, la vicesecretaria general de los 'populares' andaluces ha defendido que "cuando la excepcionalidad se convierte en norma ya es una irregularidad porque existe una perversión de la norma". "Y lo que yo pregunto al Gobierno andaluz es por qué no publicaron (en BOJA) esas exoneraciones", ha apostillado.
En esta línea, ha querido advertir de que las exoneraciones "no se han eliminado" en la futura nueva Ley de Formación de Andalucía porque existe un caso también de "excepcionalidad" para las acciones formativas que incluyan compromisos de contratación, que entonces podrán financiarse en régimen de concesiones directas. "Desde luego, no desaparece la figura de la exoneración del todo, no es eso lo que dijo Alonso ayer", ha concluido.
