Querido lector: Enfoco hoy mi atención en un político español de primera línea, protagonista en estos últimos años. Me refiero a Mariano Rajoy Brey, un gallego de Santiago de Compostela a punto de cumplir 60 años, que tras una larga trayectoria ministerial (Educación y Cultura, Administraciones Públicas, Interior, M. de la Presidencia, etc.) ha sido Presidente del Gobierno desde 2011 hasta la actualidad. Es decir, que experiencia no le falta, aunque esa vivencia no haya sido muy satisfactoria. Los resultados de su gestión ciertamente no están exentos de crítica: si bien ha conseguido eludir la quiebra definitiva de España, evitando el temido rescate de la Unión Europea, y se aprecian indicios de recuperación de la situación económica, reconocidos y ensalzados desde el exterior, la mejoría no ha sido aún sensible a nivel microeconómico, en el plano familiar. La ciudadanía se halla indignada, tanto más cuanto que la corrupción entre los políticos ha sido y es escandalosa. El “voto de la ira” amenaza a los partidos muy seriamente, y el pánico cunde. La honradez escasea. Cataluña y la corrupción exigen nuestra mayor atención.
¿Cuál ha sido la respuesta de Rajoy a estos retos? Esquemáticamente, se resume en estos puntos:
Respecto a la seudo-consulta del 9N, Mariano Rajoy se decanta por la no intervención directa para impedirla, dejando a la Fiscalía del Estado la tarea punitiva por la cual Torres Dulce promueve una querella contra Arthur Mas y solicita su imputación. En declaraciones ulteriores, Rajoy justifica su postura, apoyando sin reservas las decisiones judiciales. Por su parte, Mas responde retando al Gobierno de España: se arroga la autoría de la iniciativa catalana y condiciona una consulta electoral a su carácter decisorio sobre el porvenir de este noble pueblo. Ya en Barcelona, Rajoy ha desautorizado a Mas, porque “nadie tiene derecho de hablar en nombre de Cataluña” y se niega a considerar la hoja de ruta del President, que es “un viaje a ninguna parte”.
El paso más crítico se dio en el debate del 27N. El Pleno del Congreso de Diputados fue la tribuna en la que Rajoy comunicó la dimisión de la Ministra de Sanidad Ana Mato y ofreció su plan para la regeneración democrática. Pese a la decisión judicial que exoneraba a la Sra. Mato, su crédito político se había agotado tiempo ha. El Presidente propuso su agenda con 70 medidas contra la corrupción, tales como: limitación de las donaciones de particulares a partidos políticos (máximo 50 mil euros); carácter delictivo de toda financiación ilegal; un riguroso examen curricular de los aspirantes a altos cargos; dación de cuentas parlamentaria anual de los tesoreros de partidos políticos; limitación del plazo para la instrucción de delitos; endurecimiento de las penas; control de indultos, etc. La suspensión de militancia es automática al abrir juicio oral a un político. Y el medio millón de firmas avala la reclamación ante el Parlamento.
El desenlace de la iniciativa ha sido penoso: la izquierda parlamentaria se ha negado al pacto alegando que Rajoy, por su conducta como Presidente, no es un interlocutor válido. A mi juicio, esta falta de consenso entre partidos supuestamente democráticos certifica la muerte del espíritu de una transición que salvó a España hace 40 años.
