Con las primeras letras, aprendí en el Ripalda que las virtudes cardinales son cuatro (prudencia, justicia, fortaleza y templanza), y que la justicia implica “dar a cada uno lo que se merece”. Es muy probable que no pocos de mis queridos lectores al contemplar este texto exclamen de inmediato ¡qué tío más rancio! Y tendrán razón. Pero muy lejos del incomodo, me sentiré halagado por pertenecer a otra época, desgraciadamente ya extinta.
La justicia en cuanto virtud está cuestionada, y son objeto de feroz crítica los responsables de su administración. Pero en la base de estas desviaciones se hallan sentimientos e intereses contrapuestos, todos ellos exacerbados por una corriente de rencor, lo que se ha venido a designar acertadamente como “venganza de la ira”. Hablando en román paladino, el personal está cabreado y no tolera nada, lo aguanta mal, todo le parece mal. Los políticos son objeto de especial repugnancia. El grado de rechazo que un partido político despierta es proporcional a su protagonismo, a su poderío. Este descrédito se ha extendido a sindicatos, banca y organizaciones religiosas. La incredulidad es norma y la intolerancia se exterioriza en forma inadecuada, a veces claramente delictiva. Los valores humanos no cuentan para la masa. La dignidad sólo se menciona cuando se habla de “los indignados“. El resultado final es una justicia modulada por el temor y partidismo. Una justicia con frecuencia injusta, valga la paradoja.
Unas pinceladas a modo de ejemplo justifican lo que antecede. El vasco Santiago Arróspide (Santi Potros), miembro de ETA, condenado a 27 años de prisión por el terrible atentado del Hipercor de Barcelona, ha sido puesto en libertad anticipadamente por la Audiencia Nacional, de acuerdo con la Decisión Marco de la Unión Europea de 2008, que permitía la acumulación de las penas cumplidas en otros países, con lo que se acortaban los plazos en las cárceles españolas. España aceptó y puso en práctica lo establecido por la UE, aunque excluyendo a los etarras de este beneficio. La Unión Europea ha fijado la fecha en que la Decisión Marco entra en vigor, y el compromiso previo de España respecto a los etarras pesa como una losa. Nuestra Justicia se ve obligada a anularlo, lo que implica borrón y cuenta nueva. Menudo lío.
Las sonrisas del etarra nos estremecen de indignación. Y la vecina de Lasarte Paca Calahorra, sufre un penoso choque cuando conoce que un vecino es el asesino de sus seres queridos, víctimas de la clásica bomba en el coche.
Otro caso que plantea serias dificultades para decidir con justicia está ligado al deporte rey. Me refiero a la muerte violenta de un aficionado hincha del Deportivo de Coruña. La víctima, Francisco Javier Romero Taboada, de 43 años de edad y padre de dos hijos, apodado “Jimmy” y “el Abuelo”, recibió una brutal paliza en el curso de una reyerta callejera entre miembros de los “Riazor Blues” y grupos del “Frente Atlético”. Cuando se conocieron detalles del funesto evento (la “quedada” que lo precedió, un escenario prefijado al margen del Estadio, etc.) demostrativos de que la riña entre radicales estaba preparada, su repercusión creció hasta límites insospechados. Jimmy pertenecía a la facción más radical de los Blues y no era precisamente un joven entusiasta sino un veterano con antecedentes delictivos y su muerte se consumó tras ser arrojado al río. Así se puso en marcha la politización del caso, con diversas acusaciones sugeridas pero no bien comprobadas, y referidas al papel de la policía, clubes, activistas, etc. Aún no se ha confirmado la cabeza rectora de los hechos y ya se exige la de los directivos, el cierre de estadios, la disolución de los grupos radicales y otras muchas iniciativas en las que van a sufrir castigo justos y pecadores. Como se decía en Fuenteovejuna, “todos a una”.
La conclusión es obvia: el problema reside en los hombres y mucho menos en las leyes. Los politicastros lo saben y con sus críticas barren hacia el partido, masacrando la justicia.
