La auditoría interna dada a conocer por el alcalde de San Fernando, Manuel María de Bernardo, acompañado por la delegada de Economía y Hacienda, Mercedes Espejo, concluye que “no existe desfase contable, ni error en la contabilidad”, ya que las operaciones de cobros y pagos en efectivo están correctamente registradas y responden a documentos verificados en la auditoría realizada por los funcionarios de Intervención y Tesorería.

Para conocer ese dato se han examinado todos y cada uno de los cobros y pagos entre 1 de enero de 2004 a 1 de abril de 2009, y por ello no ha sido posible, hasta este momento, determinar la cuantía exacta presuntamente detraída.

La auditoría efectuada determina que lo realmente acaecido es la ausencia de efectivo en la caja municipal, así como la presunta ejecutoriedad en tales hechos de los cajeros, según el alcalde, quien, obviamente, sólo dio a conocer los detalles que no interfieran en la investigación y después de que horas antes, el contenido íntegro del estudio interno fuera remitido al Juzgado que entiende el caso.

Según las conclusiones expuestas por el alcalde, los cajeros “no cumplieron las órdenes que recibían, ni los procedimientos establecidos por sus superiores, todos ellos tendentes a evitar los cobros en metálico”, aunque De Bernardo aclaraba que el procedimiento utilizado por los presuntos autores para “escapar” a esos requerimientos forma parte de la investigación y, por tanto, está sujeto al secreto sumarial.

Igualmente, la auditoría establece que no existían en la caja de máxima seguridad cantidades excesivas o millonarias que pudieran hacer sospechar el mal funcionamiento de la misma. 

Desde 2004
La auditoría realizada para la verificación de los hechos que se relatan en este informe, se ha efectuado en los ejercicios 2004 a 2009 y han sido analizados el cien por cien de los documentos y justificantes de cobros y pagos, un trabajo que ha durado desde desde el día 1 de abril al 18 de mayo de 2009 y en el que han trabajado doce funcionarios. Esto es, la totalidad del departamento.

El sistema de comprobación se ha basado en el cotejo de los justificantes de cobros y pagos con los asientos contables registrados, verificación de las firmas en los talones de cargo que documentan los cobros, verificación de los usuarios que hicieron los asientos contables relativos a los cobros en la contabilidad municipal.

La documentación de la auditoria ha estado compuesta por informes relativos a los ejercicios analizados, a los que se acompañan los listados correspondientes de cobros y pagos con indicación de su fecha y concepto.

Asimismo, la auditoría ha verificado que la herramienta informático-contable utilizada por el Ayuntamiento para la gestión de la contabilidad municipal ofrece absoluta garantía, ya que desde el año 2000 se adquirió el programa contable Sicalwin, suministrado por la empresa AYTOS CPD SL, que es el más utilizado por la Administración Pública Local española.

Con ocasión de esta auditoría realizada por la Intervención y Tesorería Municipal, se ha podido detectar que a partir del año 2004 los recuentos diarios de dinero que realizaban los cajeros al final de la jornada no coincidían con el saldo que mostraba la contabilidad municipal. En definitiva la cantidad sustraída alcanza la cantidad de 7.791.294,87 euros, ligeramente superior a la avanzada por el alcalde el pasado 20 de abril.

Entre otros aspectos de la auditoría dados a conocer por De Bernardo, se dice que la apertura y cierre de la caja, así como los ingresos y los pagos en la caja de efectivo de la Corporación se realizaban exclusivamente por los cajeros y que la documentación que recogía las entradas y salidas de la Caja de efectivo se elaboraba diariamente por los mismos.

“Eran los únicos que disponían de la única llave de la caja fuerte de máxima seguridad. Ambos cajeros han creado la apariencia de que el saldo de efectivo de la caja no podía corresponder con la contabilidad municipal, bien argumentado para hacerlo creíble, de forma que los controles internos existentes no pudieran detectarlo”, dijo el alcalde.

A este respecto, la auditoría interna insiste en que las comprobaciones realizadas en la auditoría “ponen de manifiesto, sin duda alguna, la ausencia de efectivo en la caja municipal y la presunta responsabilidad por tal ausencia de los dos cajeros”.

En definitiva
La auditoría explica que la comprobación de ausencia de efectivo en la caja, aún dado el volumen de movimiento de la misma y los periodos auditados, es una operación directa, en lo aritmético comprobando los cobros, todos ellos documentados y restando los pagos igualmente documentados.

Se halla la diferencia entre el efectivo que debía de existir en la caja y el dinero que había en la misma; no ofreciendo tampoco duda, según la auditoría, la ejecutoriedad en tales hechos, pues durante este periodo la mecánica de los cobros y los pagos, el manejo de los fondos líquidos e incluso la documentación diaria que recogía las entradas y salidas de la Caja de efectivo han quedado, según se indica en la auditoría, bajo el gobierno de los mencionados cajeros, sujeto todo ello a lo que determine el Juzgado.

En cuanto a los controles externos, la auditoría indica que toda la información contable de la liquidación de los presupuestos del Ayuntamiento todos los años se ha remitido a la Intervención General de la Administración del Estado, Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, Cámara de Cuentas de Andalucía y Tribunal de Cuentas del Estado.

Explica asimismo que estos organismos pueden proponer la corrección de las anomalías observadas y que, según los Servicios Económicos Municipales, nunca se ha formulado corrección alguna a las cuentas presentadas, aceptando toda la información remitida. 

Obligaciones de los cajeros
Finalmente, la auditoría informa sobre la adscripción de los cajeros a ese puesto con las funciones y responsabilidades. En la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento aprobada definitivamente por acuerdo plenario de fecha 11 de julio de 2000 figuran descritos dos puestos de cajeros de la Caja Municipal de efectivo.

Tras la aprobación inicial de dicha relación se dictó Decreto por la Alcaldía- Presidencia con fecha 28 de septiembre de 1999 adscribiendo provisionalmente a todo el personal municipal a los distintos puestos de trabajo. Aún cuando desde antiguo desempeñaban las funciones de Cajero, en el mencionado Decreto de septiembre de 1999, se adscribieron a los puestos de cajeros a los funcionarios municipales que han sido denunciados, que han continuado en el desempeño de los mismos.

Posteriormente, mediante acuerdo plenario de fecha 25 de julio de 2002 se modifica el puesto de trabajo de uno de ellos, pasando a ser Jefe de Grupo Cajero.

Entre las funciones atribuidas a los mismos son realizar la liquidación de tasas y otras exacciones; mantenimiento de ficheros, archivos y libros de registros; realizar cobros y pagos en metálico y hacer el arqueo de caja; apertura de la caja, cierre y cuadre de la misma; encargado de la custodia de la llave de la caja; impresión y separación del cuadre de caja diario; traslado e ingreso bancario de los fondos recaudados y firma del cuadre de caja. 

Hay que mejorar
El alcalde de San Fernando, Manuel María de Bernardo, se agarró al guión de su comparecencia y lo repitió hasta la saciedad ante las preguntas indiscretas de los periodistas, manifestando en todo momento que aunque el informe interno arroja más datos sobre lo que pudo haber sucedido, el secreto del sumario obliga a guardar silencio. 

Sí reconoció, no obstante, que independientemente de lo que dice esa auditoría, no se siente satisfecho de cómo han funcionado los sistemas municipales y que es algo que hay que mejorar para que no vuelvan a producirse hechos como los actuales, incluso mejorando ese exitoso programa informático que usan la mayoría de los ayuntamientos españoles para manejar sus cuentas. 

En lo que se refiere a la auditoría externa aprobada por el Pleno por unanimidad de todos los grupos, De Bernardo aclaró que una vez terminado el trabajo cuyos resultados se dieron a conocer ayer, hace tres días que dio órdenes Contratación e Intervención de Fondos para que dieran curso al expediente que acabe en la contratación de los auditores. El alcalde manifestó que mientras tanto siguen las investigaciones policiales y judiciales en curso. 

El debate político
La auditoría se conoce después de que el secretario provincial del PSOE, Francisco González Cabañas, asegurara que no hay que tener prisas en las peticiones de dimisión y esperar a que se levante el secreto del sumario. Esas declaraciones, que vendrían a desautorizar al comité local del PSOE de San Fernando, no son compartidas desde la calle Arenal donde entienden que la petición de dimisiones fueron consensuadas a todos los niveles. No obstante, reconocen que no es el momento apropiado para presentar una moción de censura. 

Las declaraciones de González Cabañas, no obstante, han sido interpretadas por la presidenta local y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Carmen Pedemonte, como una desautorización a los socialistas isleños y “ha dejado en evidencia la ambición desmedida por el sillón que tiene López Gil". En este sentido, apunta que el secretario general de los socialistas en la provincia “puede estar tranquilo porque el Partido Popular va a llegar hasta el fondo de este asunto”. 

“Nosotros no tenemos nada que esconder, queremos las cuentas claras, y como ciudadanos de San Fernando queremos que todo este grave asunto de las presuntas irregularidades de la Caja Municipal se resuelva lo antes posible y deseamos que sea con la mayor transparencia porque, en definitiva, es una cuestión que afecta a toda la Isla”. 

En este sentido, recuerda que en el PP “desde que se conoció el caso, estábamos convencidos de que se tenía que llegar hasta el fondo y esclarecer todo lo sucedido, pero tenemos que tener en cuenta de que hay un secreto de sumario, que hay que respetar, y que será la Justicia la que tenga que decir qué ha ocurrido”. A juicio de Pedemonte, los socialistas isleños han demostrado, una vez más, “que sólo les interesa sacar rédito político del grave suceso de la Caja Municipal”. 

"Al igual que el PP está respetando todo el proceso judicial, otras muchas entidades y colectivos de la ciudad, como Acosafe, el consejo vecinal de la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León, y sindicatos municipales, entre otros, así como la mayoría de los ciudadanos de la Isla, y esperaremos al levantamiento del secreto de sumario para pronunciarnos al respecto”, señala Carmen Pedemonte.