Ciudadanos quiere suprimir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), establecer una serie de incompatibilidades para ser fiscal general o miembro del Tribunal Constitucional (TC), eliminar la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados y fijar un plazo perentorio para que el TC se pronuncie sobre los distintos asuntos que se le plantean.
El documento 'Regeneración democrática e institucional', presentado este sábado en Cádiz por el presidente de C's, Albert Rivera, expone esas y otras ideas en el apartado dedicado al poder judicial, a través del cual cree que se debe asegurar "un Estado eficaz al servicio de los derechos de los españoles".
El objetivo es conseguir una Justicia "rápida, eficaz y con garantías", nombrar a los jueces y magistrados según su mérito y su capacidad, despolitizar el Tribunal Constitucional reforzando la independencia de sus miembros y tener una Fiscalía General del Estado "independiente, profesional y al servicio de la legalidad".
Estas son las medidas concretas sobre el poder judicial contenidas en la propuesta de Ciudadanos:
- Suprimir el CGPJ y asignar sus funciones al presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, que estará asistido por dos adjuntos. El presidente será elegido por el Congreso de los diputados, con el voto a favor de las dos terceras partes de sus miembros, entre magistrados del Tribunal Supremo con al menos, veinte años de ejercicio en la carrera judicial y que no hubieran tenido vinculación con ningún partido político ni ostentado un cargo representativo de carácter público. El nombramiento tendrá una duración de seis años, sin posibilidad de reelección. Los dos adjuntos serán elegidos por los jueces y magistrados en elecciones convocadas al efecto y su nombramiento tendrá una duración de tres años sin posibilidad de reelección.
- Provisión de todas las plazas de Juzgados, Audiencias y Tribunales y, en particular, la de los altos cargos (presidentes de las Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional y presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo) a través de procedimientos reglados, sin discrecionalidad alguna. Se convocarán concursos en los que la selección se ajustará a baremos previamente establecidos conforme a los principios de mérito y capacidad, así como en la idoneidad y especialización para el ejercicio de las funciones, acabando así con los criterios arbitrarios en función de afinidades políticas o ideológicas.
- Suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados.
- A los jueces y magistrados que acepten cargos políticos, imponerles un periodo obligatorio de excedencia mínimo de dos años tras el correspondiente cese para evitar las puertas giratorias.
- Un plan de Estado para mejorar, con más jueces y más medios, la administración de justicia en un plazo razonable que permita a España aproximarse a los ratios medios de la Unión Europea. Un procedimiento que impida la obstrucción de la tutela judicial efectiva, una instrucción penal rápida y eficaz y unidades de policía y peritos judiciales que no dependan de la Administración del Estado ni de la Agencia Tributaria. Y, una vez producida la resolución judicial, garantizar su efectivo cumplimiento mediante procedimientos u órganos judiciales adecuados.
- Regular en la Constitución el procedimiento de nombramiento del fiscal general del Estado:, que sería mediante un procedimiento abierto que permitirá a todos los que cumplan los requisitos necesarios presentarse. Se exigirá que reúna al menos veinte años de ejercicio en la carrera fiscal y no haya tenido vinculación con ningún partido político ni ostentado cargo político o administrativo de carácter público. Luego, una Comisión del Congreso de los Diputados valorará la idoneidad para ejercer el cargo de estos candidatos y seleccionará una terna de entre ellos por mayoría reforzada. Finalmente, el Gobierno elegirá el fiscal general entre esa terna. Asimismo, se reforzará la independencia del Consejo Fiscal y el principio de mérito y capacidad en la provisión de plazas en la carrera fiscal y se fomentará en particular la independencia de la Fiscalía anticorrupción.
- Para ser designado magistrado del TC, se exigirán 25 años de ejercicio profesional, estableciendo asimismo un estricto sistema de incompatibilidades que garanticen su independencia, entre ellas la prohibición de haber desempeñado cargos orgánicos en un partido o cargos representativos o ejecutivos en parlamentos o gobiernos durante los cinco años anteriores a su nombramiento. El mandato será de doce años y la jubilación a los 75. Habrá una renovación parcial cada cuatro años. Tras el cese, los magistrados pasarán a la situación de jubilación con incompatibilidad para el desempeño de cualquier empleo público o privado. En el caso de los propuestos por el Senado, lo serán por el Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas; y los del poder judicial, lo serán por el presidente del Consejo y del Poder Judicial pero entre magistrados designados en virtud de un concurso convocado al efecto, sin discrecionalidad alguna.
- Establecimiento de un plazo perentorio para que el Tribunal Constitucional se pronuncie, que no podrá superar los 90 días cuando estén afectados derechos fundamentales.
