La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha suspendido 'sine die' la declaración prevista para este jueves del alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera (PSOE), al que había citado como investigado por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a la grabación en la que el primer edil hablaría de la adjudicación de contratos a un empresario por el hecho de ser el padre de una militante socialista.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la juez instructora ha aplazado por segunda vez tanto la declaración del alcalde como las otras que estaban previstas porque, entre otras razones, la Diputación Provincial, que ejerce la acusación particular, no ha recibido una copia de las actuaciones, a lo que se suma que la instructora ha otorgado un plazo de cinco días a IU para que preste la fianza de 1.000 euros que le ha impuesto para poder ejercer la acusación popular.
De este modo, la magistrada también ha suspendido las declaraciones como investigados del dirigente socialista y coordinador de recursos y proyectos del Ayuntamiento Fernando Tirado Díaz y de las hermanas Elisa Isabel y Dolores Fátima Cano Gallardo, como titulares de la empresa adjudicataria de un contrato promovido en 2010 por el Consistorio, para comprar diez carros de basureros y un equipo de baldeo móvil.
Según la jueza instructora del caso, de los términos de la investigación efectuada por la Guardia Civil "se desprende que dicha contratación (de 2010) pudo hacerse con fines de enriquecimiento de la empresa" de la que eran titulares las hermanas investigadas, "tras haberlo ofrecido verbalmente (el alcalde) al padre de éstas, aún suponiendo ello mayor coste para el Ayuntamiento tal y como se desprende de determinados extremos de la grabación" que dio inicio a la causa y que figura transcrita en un atestado del Instituto Armado.
En el auto en el que la jueza Patricia Fernández Franco citaba como investigado al alcalde de La Algaba y al resto de imputados, se señala entre otros aspectos "la inmediatez con la que se amplía el objeto social" de la empresa Materiales de Construcción Romecan S.L., las "irregularidades en la entrega de los carros, la falta de justificación y contradicciones de quienes han declarado hasta la fecha sobre el número de unidades realmente entregadas y el eventual sobrecoste vinculado a esta operación".
Para la jueza, la operación "pudo generar un perjuicio para las arcas públicas, teniendo en cuenta que la adquisición de hizo con fondos procedentes de una subvención de la Diputación Provincial y que, a día de hoy, no consta de forma fidedigna si los carros llegaron a entregarse en su totalidad o no".
"A LOS PIES DEL PSOE"
En la conversación grabada y elevada a los juzgados, de cualquier modo, el alcalde de La Algaba trasladaba a una empleada municipal y militante socialista que en ese municipio "se está a los pies del PSOE", señalando que el Ayuntamiento adjudicó al padre de esta mujer un contrato municipal porque a él le salió "de la polla", porque había "más de 40 empresas" pujando por dicho contrato. "Hay más de cuarenta empresas y se la di a tu padre", asevera el alcalde en la grabación investigada.
De su lado, el alcalde ya reconoció a Europa Press ser el autor de las declaraciones grabadas sobre las que se sustenta la investigación, pero las encuadró en una conversación derivada de un conflicto político con el entonces marido de la militante, asegurando que todas las contrataciones municipales están "bajo el paraguas de la legalidad", mostrando su "arrepentimiento" y pidiendo "perdón" por sus palabras.
