Desde anteayer conocemos la sentencia del escándalo de los ERE. Una sentencia que es dura y condena la discrecionalidad de una Administración y, sobre todo, su reiterada ausencia de controles.
Esa arbitrariedad sin control alguno en la acción política de la Consejerías de Hacienda y Empleo fue el santo y seña de una época en la que diferentes gobiernos de Manuel Chaves, primero, y de José Griñán, después, perpetraron lo que ahora se califica de prevaricación continuada y malversación de caudales públicos.
Es cierto que el fallo no es firme y que las partes han anunciado recursos al Supremo. Sí son firmes los hechos probados. Es decir, que hubo el fraude que se destapó a partir de un escándalo concreto como el de Mercasevilla y que lo instruyó, no sin pocos problemas y críticas la jueza Alaya. Queda, por otro lado, más de un centenar de piezas separadas abiertas sobre los fraudes, gracias al 'despiece' que hizo otra jueza, Núñez Bolaños, ahora investigada por el Poder Judicial por los sospechosos retrasos de su juzgado.
Desde que los medios difundieran la sentencia, hemos asistido a una cascada de opiniones e intervenciones, tanto de políticos como de periodistas, muchas de las cuales parecían competir en cinismo o estupidez.
José Luis Ábalos, por ejemplo, dijo sin reírse ni despeinarse, que el de los ERE “no es el caso del partido socialista, sino el de antiguos responsables públicos de la Junta de Andalucía”, insistiendo en que ningún condenado ocupa hoy cargo público ¡Estaría bueno! Como si a estos condenados no los hubieran puesto en esos cargos públicos el mismo PSOE del que hoy él es Secretario de Organización y cuya red clientelar alimentaron.
No hace falta comparar el caso ERE con escándalos similares del PP: es propio de mediocres establecer ese juego de semejanzas con elementos peores para tratar así de aliviar de forma pírrica la carga de la propia miseria.
Lo que nos queda de este escándalo, que empezó hace casi 20 años y que aún no ha terminado, ha sido la alternancia política que propició en el poder de nuestra región: un cambio que comenzó en las elecciones autonómicas de 2012 y que cristalizó, junto con otros motivos, el pasado 2 de diciembre.
En esa ‘era’, la del Palacio de San Telmo, están hoy los que obtuvieron el rédito de esos deméritos ajenos y que hoy, a la vista de las diferentes crisis abiertas, parecen empeñados en querer demostrarnos que llegaron allí casi por casualidad, después de una campaña electoral especialmente sucia.
