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?Subir la presión fiscal generará más economía sumergida?

?Este proyecto es totalmente necesario para el desarrollo económico de la provincia, y así se reiterará ante el Consejo Rector ?

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  • González Saucedo expresa con claridad el punto de vista de los empresarios de la provincia de Cádiz.
Miguel González Saucedo, presidente de los empresarios de Cádiz (CEC), es una de esas escasas personas a las que hacerle una entrevista es sinónimo de charla amena, interesante y, sobre todo, didáctica. Es de esas personas que combinan términos como IRPF, presión fiscal, macroeconomía, con ejemplos cercanos que nos permiten comprender la realidad socioeconómica de la provincia. En esta ocasión, la conversación versa sobre los Presupuestos, el proyecto de Las Aletas y el desempleo que ahoga al ciudadano, entre otros temas de actualidad.

— La primera pregunta es obvia. Tras ver los datos del desempleo en la provincia, ¿la culpa es de la crisis económica, de la mala gestión de la misma o por una combinación de ambas?

—Cuando hablamos de paro en la provincia, hablamos de tres clases. Hablamos de paro estructural y de paro estacional, que se refieren a las campañas de verano y de invierno. Y luego está el paro oficial y el paro real, que es otro tipo de desempleo y que se comprobó con los famosos ‘420 euros’ a los que podían haberse acogido a finales de septiembre cerca de 20.000 personas, pero al ligar ese subsidio a la formación, sólo lo han solicitado 178 personas. Y es que como indicaron algunas de estas personas, de forma sumergida ganaban más que esos 420 euros y no les merecía la pena. Lo mismo ocurrió con la campaña de la fresa en Huelva donde necesitaban 25.000 personas, pero a la llamada de freseros españoles, sólo acudieron unas 2.500 personas. Desde la Confederación de Empresarios de Cádiz estamos totalmente en contra de esta economía sumergida porque genera competencia desleal y afecta a las empresas y autónomos legalmente establecidos. Por ejemplo, si uno quiere reformar su cuarto de baño y pide presupuesto a una empresa o autónomo legal, seguramente hallará otro presupuesto de un ‘chapucero’ más barato, porque no paga IVA, ni Seguridad Social, con el que la empresa ‘legal’ no podrá competir, lo cual amenaza su futuro. Esta situación la tenemos denunciada ante los inspectores de Hacienda, pero a la Administración le es más fácil inspeccionar a una empresa que tenga su CIF y su dirección social, que ponerse a buscar a personas que no están registradas en ningún sitio.

—¿Qué soluciones proponen los empresarios a las administraciones para paliar el aumento del desempleo?

—La solución estamos hartos de decirla, pero muchas veces sentimos que pregonamos en el desierto. Hace años que advertimos que nuestra economía no era productiva, ni competitiva. Estábamos importando más que exportábamos. La razón es que aquí no tenemos ni mano de obra barata (como China), ni tecnología (como en Suecia). La solución es una reforma estructural que no se ha hecho. La CEC ha pedido reformas estructurales en el mercado laboral, en la educación, en la justicia, en el tema de los impuestos y la Seguridad Social (de los más altos de Europa). Estos años atrás hemos tenido un consumo alto, con un crecimiento económico del 3,8 pero debido al consumo interno. Y ese consumo interno estaba ligado a los créditos, siendo España el segundo país en el mundo, tras los Estados Unidos, más endeudado. En cuanto a la provincia, falta vocación empresarial y suelo industrial. Por ejemplo, se realizó una encuesta en la Facultad de Empresariales y el 80% del alumnado quería ser funcionario. Hay que poner en valor al empresario, nuestra cultura premia más a la folklórica, al deportista, y se trata mal al empresario cuando es quien genera empleo. De la Facultad de Medicina salen médicos, pero de la facultad de Empresariales no salen empresarios. Nos falta cultura empresarial en Andalucía y sobre todo en Cádiz, porque esa misma encuesta se realizó en universidades como la de Barcelona, y el resultado fue al contrario, con una mayoría de alumnos que querían ser empresarios. Este es uno de los factores del paro estructural y por eso el paro en la provincia está por encima de la media nacional. Hablamos de los cien mil parados que ya existían cuando comenzó la crisis. A ellos se han sumado 60.000 personas más debido a la actual coyuntura económica de recesión. Para poner un ejemplo clarificador, en Andalucía hay 450.000 empresas y una población activa de 3,5 millones de andaluces, mientras que Cataluña cuenta con una población activa de 3 millones de personas y cuenta con el doble de empresas, 850.000 concretamente.

—¿Las infraestructuras también inciden en este aspecto?

—Por supuesto, es otra de nuestras demandas para la provincia. Siempre hemos comentado que falta suelo industrial, porque el que tenemos es escaso y caro. Demandamos más suelo industrial desde hace años porque son muchas las empresas que tenían la intención de instalarse en la provincia y al final han desistido por la falta de suelo industrial, ubicándose finalmente en otras provincias como Málaga o Sevilla. Un ejemplo lo tenemos en el polígono de Las Aletas, que se demandó en su día. Las administraciones decidieron instalar allí un parque industrial y tecnológico, pero al final se retrasa por razones judiciales a pesar de existir un acuerdo del Consejo de Ministros...

—¿Qué es lo que ha fallado en Las Aletas?

—Creemos que lo que ha fallado han sido las formas, aunque no me he leído la sentencia del Tribunal Supremo, pero parece que ha fallado más una cuestión de formas que de contenido. Ahora lo que hay que hacer es volver a plantearlo y justificar más ampliamente el fin y objeto de ese suelo.

—¿Tan importante es este proyecto para la provincia?

—Es totalmente necesario para el desarrollo de la provincia, y así se reiterará ante el Consejo Rector que se reunirá este viernes. Desde la Confederación de Empresarios mantenemos, desde el máximo respeto al Medio Ambiente, a los propietarios del suelo, a los concesionarios y a todas las partes implicadas, que es necesario un desarrollo sostenible pero también pedimos la sostenibilidad del desarrollo, porque desgraciadamente ahora hay más de sostenible que de desarrollo. Y no es hablar por hablar, porque la provincia cuenta en la actualidad con 28 millones de metros cuadrados destinados a suelo industrial por 3.000 millones de metros cuadrados de suelo protegido.

—¿Algo parecido ocurre con vuestra opinión sobre los Presupuestos de la Junta para la provincia?

—Exactamente. Desde la CEC creemos que debe existir un equilibrio entre lo social y lo económico. Últimamente se ha apostado más por lo social, y no hay que dejar de hacerlo, pero se ha descuidado lo económico, que es lo que nos empuja hacia delante. Un ejemplo es el desdoble de la carretera Vejer-Algeciras, que para nosotros no es un gasto sino una inversión. Los gastos para nosotros lo hallamos en el Capítulo Uno, es decir, sueldos y salarios. En esta crisis, los sueldos en el ámbito privado han bajado y en lo público han subido. Pedimos, por lo tanto, contención del gasto público. Y es que para elaborar los Presupuestos es preferible que sea con el dinero que se tenga, y no lo que han hecho: elaborarlos y luego subir los impuestos para cuadrar los números. Deben apretarse el cinturón en el gasto, es decir, los suelos, los salarios públicos, y no en las inversiones como al final han hecho. Porque la inversión en infraestructuras es fundamental para el desarrollo económico en la provincia de Cádiz.

—Por lo tanto, ¿los empresarios echan de menos más inversión en los Presupuestos para la provincia?

—Más inversión. Inversión productiva, y con esto no queremos decir que se quite ningún euro de las partidas sociales.

—¿Piensa usted que estos Presupuestos están diseñados para paliar la actual coyuntura económica y el desempleo generado en el último año?

—Desgraciadamente, con estos Presupuestos, no. Precisamente en Alemania, después de las elecciones, tomaron medidas para incentivar el consumo interno y la creación de empresas, y para ello optaron por bajar los impuestos, al igual que en Estados Unidos. Aquí se está haciendo lo contrario. Y por eso pensamos que la actual subida de impuestos generará una restricción del consumo, y como consecuencia, aumentará la economía sumergida.

—¿Es una contradicción que el nuevo PlanE del Gobierno Estatal traiga menos dinero cuando la realidad es que hay más parados que hace un año?

—Es que para nosotros el PlanE no es la solución. Ayuda, por supuesto, pero el ‘planE’ para los empresarios es que las administraciones paguen todas las facturas que deben a los empresarios, porque resultan que adeudan alrededor de 35.000 millones de euros. No obstante, creemos que en Plan E ha sido positivo pero no es la solución definitiva. Ha sido un soplo de aire fresco para algunas empresas y municipios. El mejor ‘planE’ es crear empresas, que generan trabajo y mejora la confianza de los consumidores. La gente no tiene en la actualidad, confianza porque no tienen expectativas. Lo que ha crecido es el ahorro, un 18%, y el consumo de horas de televisión...

—En un comunicado de prensa de la CEC se apostaba por mantener el empleo antes que por subir los sueldos...

—No es una frase mía, es de Fidalgo, de Comisiones Obreras, dicha en el Congreso. Los mercados internacionales no sólo se mueven con grandes cifras, la microeconomía es la base de la macroeconomía. Cualquier subida de sueldo en empresas con mucho personal, puede encarecer el producto que oferta en favor de la competencia, con lo cual la primera empresa pone en peligro su futuro, e incluso verse abocada a despedir personal a los dos meses. Por eso apostamos, con la actual crisis económica como telón de fondo, mantener los puestos de trabajo antes que subir los sueldos. Ahora para el empresario es necesario superar la crisis con las mínimas pérdidas, porque tras la crisis puede que haya menos competencia en su sector.

—¿Qué demandas llegan a la confederación de sus afiliados en El Campo de Gibraltar, Jerez y la Costa Noroeste, la Bahía de Cádiz, La Janda y La Sierra?

—Precisamente, tras unas encuestas que hemos elaborado en toda la provincia, lo más destacable es que todas las asociaciones de empresarios de la provincia, ya sean del Campo de Gibraltar, de la Bahía de Cádiz o de la Janda, coinciden en sus demandas. Independientemente del tema de las infraestructuras, puesto que cada uno en su zona pide mejoras, (la Autovía Vejer-Algeciras la solicitan en la Janda; el ferrocarril entre Algeciras y Cádiz; o la carretera Jerez-Antequera y Jerez-Dos Hermanas, los empresarios jerezanos), todos coinciden en que los grandes problemas de la provincia son la falta de financiación y de créditos; y el elevado coste de la Seguridad Social y de los impuestos. En definitiva de la alta presión fiscal. En cuanto a las infraestructuras, los proyectos que demandamos los empresarios nacieron hace años. Por ejemplo, el ferrocarril entre Algeciras y Cádiz es una demanda de 1870; y la autovía entre ambas ciudades es de 1970. Cuando este último proyecto sea una realidad, la realidad habrá cambiado porque habrán pasado 40 años y el tráfico, el número de empresas. Otra de las reivindicaciones es la liberalización del peaje Sevilla-Cádiz. Además, no sólo carreteras se reivindican cuando se habla de infraestructuras, sino también el suministro de luz (en Barbate, el Polígono Industrial donde Herpac y El Rey de Oros funcionan con generadores y transformadores por falta de potencia, o en Jerez, en el Polígono Agroalimentario), el suministro de agua o la banda anchas de internet.

Más de 30.000 nuevas empresas para absorber el paro de la provincia

Cuando, en el transcurso de esta entrevista se le comenta a Miguel González Saucedo que IKEA en Jerez de la Frontera ha ofertado 300 puestos de trabajo para su apertura a partir de marzo del próximo año, y que a esa llamada han respondido más de 50.000 personas con sus respectivas solicitudes para un puesto en la empresa sueca, el presidente de los empresarios recuerda que “antes de la crisis, cuando el número de parados era de 100.000 personas en la provincia, la CEC dijo que hacían falta unas 20.000 empresas para acogerlos. Hoy en día hacen falta 30.000 empresas. Pero para ello hace falta poner en marcha las reformas estructurales que ya he citado al principio de esta entrevista. Y si no somos capaces de crearlas, hay que facilitar la instalación de empresas foráneas, y para ello hace falta suelo industrial”, pero que en la actualidad, debido al número de empresas de la provincia que cada día acaban en los cementerios del Registro Mercantil, González Saucedo señala que “evidentemente, ahora nos preocupa más las empresas que desaparecen, las entidades privadas que no cuadran sus números y se van a pique. Observamos que desde el Gobierno hay más preocupación por los desempleados que por las empresas que cierran, cuando la razón del desempleo es la clausura de las mismas”. Desde la CEC se indica que “las administraciones públicas, desde nuestro punto de vista, dan la espalda a estas empresas que deciden abandonar su actividad y mueren. Y es que los que votan son las personas, y las medidas populistas a veces funcionan en las urnas. Pero nosotros tenemos voz y por eso ponemos sobre la mesa nuestra postura...”.

Supresión del aval provisional y deuda compensada


Miguel González Saucedo, como presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, defiende desde hace tiempo dos medidas “esenciales” para la supervivencia de las empresas de la provincia gaditana. Dos propuestas que rebozan lógica. En este sentido, González Saucedo indica que “desde la Confederación solicitamos a las administraciones que supriman las garantías adicionales, los avales provisionales en los concursos públicos ofertados, porque los bancos ya no adelantan dinero con celeridad. Jerez, Vejer, La Línea, Autoridad Portuaria, Trebujena, y otros municipios ya los han eliminado a petición nuestra, aunque aún quedan algunas localidades que todavía no han dado este paso y en las que nuestros afiliados llevan tiempo luchando por ello”. Esta es la primera de sus peticiones, la otra “es la compensación de deuda. Es decir, un ayuntamiento debe ‘x’ a una empresa, y esa empresa debe ‘x’ a la Seguridad Social o por algún retraso en el pago del IVA. Por lo tanto, lo justo sería que se buscasen fórmulas para que se compensen ambas deudas. La CEC apuesta por un sistema de compensación de deuda entre administraciones que facilite la rentabilidad de las empresas”. Por último, señala que “estas peticiones están en manos de todos los grupos parlamentarios, los cuales se han comprometido a trasladarlas al Congreso para crear un proyecto de ley”.

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