Los vecinos de la zona de El Pontón, en la vega de Antequera, aseguran estar “cansados” de esperar a que las administraciones regularicen su situación después de diez años de reivindicaciones. Así, lo aseguran en un comunicado donde relatan lo que ellos mismos califican “como la historia interminable”.
Los propietarios recuerdan que las viviendas comenzaron a construirse en los años 70, anterior a todas las normativas actuales. “Hace diez años un grupo de vecinos nos reunimos para regularizar nuestra situación y tras un encuentro con los anteriores gestores municipales nos indicaron que debíamos hacer una asociación y nos hicieron además comprometer nuestro dinero porque pagamos una primera cantidad con la que costear los gastos de urbanización”, explican en el comunicado.
A pesar de estos primeros pasos y las reivindicaciones continuas que han hecho a las diferentes administraciones locales y autonómicas, los propietarios denuncian que siguen igual.
“Ahora además no hacen más que salir nuevas normativas que dificultan aún más el proceso y los nuevos responsables aseguran que es un problema que viene de atrás y que la Junta no les deja solucionarlo, mientras que por otro lado el ente autonómico dice que es el Consistorio el que no manda la información”, detallan.
La última reunión mantenida por este grupo de vecinos fue el 15 de febrero con los delegados provinciales quienes aseguraron, según los vecinos, que la suspensión del suelo en el que se encuentran las viviendas tenía la misma dificultad que la zona de la carretera de Córdoba, incluidas ambas en el Plan de Protección Especial de la Vega. “Cual es nuestra sorpresa que hace unas semanas se levanta la suspensión de la carretera de Córdoba”, explican.
Ante esta situación los vecinos han decidido volver a hacer públicas sus demandas, recordando que “ocupan más superficie que muchos anejos”.
El edil de Obras y Urbanismo, José Ramón Carmona, ha pedido en numerosas ocasiones a la Junta de Andalucía que levante la suspensión de la zona e incluso pidieron que la incluyera en los planes de regularización de viviendas que se han realizado por parte del ente autonómico en el último año pero finalmente no se han incluido.
En esta zona hay al menos 300 viviendas y esta situación impide a estos vecinos contar con los mismos servicios que cualquier otro ciudadano.