La indignación preside el Ayuntamiento de Arcos después de conocerse la negativa del Gobierno andaluz a incluir un millón de euros en sus próximos presupuestos generales para las obras de encauzamiento del arroyo de El Santiscal.
Hace unas semanas el grupo parlamentario popular se comprometió a través de una proposición de no de ley a solicitar en la tramitación del Presupuesto una partida de un millón de euros para iniciar los trabajos que evitarán las inundaciones que sufre la barriada en época de lluvias. Sin embargo, y sin que el Gobierno andaluz haya dado una explicación, se ha negado en redondo.
El alcalde de Arcos, el popular José Luis Núñez, ha lamentado que la Junta dé la espalda a los arcenses y a un viejo problema cuya solución es de su responsabilidad, al ser la Consejería de Medio Ambiente la competente en este tipo de actuaciones como la de encauzamiento de un arroyo.
Pero la indignación es doble para el alcalde porque tampoco la Junta de Andalucía permite que una empresa privada, concretamente Sibelco Hispania, ayude en la realización de los trabajos como contribución particular al municipio.
Núñez Ordóñez trasladó la situación actual al secretario provincial de su partido, Antonio Saldaña, en el ánimo de seguir recabando más apoyos para que la obra sea una realidad, si bien los pasos dados hasta ahora tanto por el grupo parlamentario popular como por el nuevo presidente del PP-Cádiz, Antonio Sanz, no han servido de mucho ante la postura de la Junta, que pasa por considerar que esta obra no es prioritaria.
Desde Arcos, el alcalde recuerda que, con independencia de los efectos de las inundaciones en los viales públicos, el problema afecta a un colegio que fue construido cuando ya existían problemas de inundaciones. El centro en cuestión es el CEIP El Santiscal, cuya entrada suele inundarse con las lluvias, como también éstas afectan al muro perimetral del centro y a toda la zona de aparcamiento, entre otros efectos.
Junto a la inundación que sufren las avenidas El Santical y Corregidores se encuentra la del campo de fútbol de la barriada, que posteriormente queda fuera de servicio durante días hasta tanto no se sequen los enormes charcos. Para colmo, al cortarse la circulación de vehículos en las mencionadas avenidas, los vecinos están obligados a rodear la zona de los bloques de piso como única alternativa. En definitiva, un cúmulo de problemas derivados de las inundaciones que justifican de sobras la actuación, en opinión tanto del Ayuntamiento como de los afectados.
El alcalde planteará otras propuestas e iniciativas antes de llegar a otros medios más radicales para “exigir a la Junta que cumpla con sus obligaciones”, no descartando en este sentido la posible movilización de los vecinos afectados en el Parlamento de Andalucía. En la misma línea, Núñez lamentó que el PSOE se acuerde de los vecinos en época electoral y que, cuando necesitan de la ayuda de la administración autonómica, reciben la callada por respuesta.
Además, señaló que durante su reunión con la anterior delegada de Medio Ambiente en Cádiz, Isabel Gómez, ya se le explicó que “el arroyo ya estaba ahí y que después se construyeron viviendas y el colegio”, a lo que el alcalde le respondió que estas construcciones contaron con sus correspondientes permisos técnicos y que, en el caso del colegio, es competencia autonómica. “La Junta no debe mirar a otro lado, y es su obligación dar una respuesta a los vecinos. Este Ayuntamiento ha ido a Medio Ambiente con soluciones y la colaboración de una empresa que nos hizo los estudios necesarios para abaratar costes y cediéndonos incluso su maquinaria... Ese es el interés que tiene la Junta con los vecinos de Arcos de la Frontera”.
Ni un euro para La Verbena
En la misma dirección, el regidor arcense criticó que, pese al acuerdo firmado y el compromiso plasmado en la cámara andaluza, la Junta tampoco ha ingresado a día de hoy los 550.000 euros de su parte en el convenio para las obras de consolidación del parque de La Verbena, por lo que el retraso es manifiesto. José Luis Núñez criticó en particular el papel del presidente andaluz, José Antonio Griñán(PSOE) y del vicepresidente, Diego Valderas (IU), por no atajar esta ya caduca deuda con el municipio.
