El estatuto que regula la figura del defensor de la Ciudadanía fue aprobado por unanimidad en el pleno celebrado el 14 de diciembre de 2009. En el artículo 20 del citado documento se indica claramente que el defensor deberá presentar anualmente la memoria del año anterior, con lo que, en teoría, en un mes o dos se debería celebrar la sesión en la que presentara un informe detallado de cuantas actuaciones ha llevado a cabo su oficina. Sin embargo, ya el pasado año se repitió esta situación, con lo cual el actual equipo de Gobierno PP-Ai-Pro vulnera a todas luces el Reglamento de Participación Ciudadana, aprobado igualmente por unanimidad en el Pleno municipal.
Ante esta situación, el defensor, Pepe Salas, se pregunta por qué el equipo de Gobierno, y en su nombre el alcalde, José Luis Núñez, no convoca la sesión, sobre todo cuando hay por medio “incumplimientos muy graves y con muchos años de antigüedad”.
Respecto a la memoria de 2011 que tampoco se presentó, recoge un total de 107 quejas vecinales, de las que unas 40 fueron trasladadas a trámite. Entre esas quejas y denuncias se encuentran algunas relacionadas con los desahucios -este periódico ya publicó la noticia de un desahucio por error de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA)- y sobre todo por los ruidos nocturnos. Este último tema se ha convertido en el principal problema de algunas ciudades, y en el caso del vecino Jerez también ha supuesto “el caballo de batalla” entre la oficina del defensor y el Ayuntamiento.
A estos asuntos se le suman otros vinculados a las construcciones ilegales y a la proliferación de áticos ilegales dentro del casco urbano sobre los que se han concedido, en algunos casos, una dudosa licencia municipal, así como a posibles contrataciones ilegales realizadas por la administración municipal. En definitiva, asuntos que los ciudadanos han trasladado durante el último año a la oficina del defensor cuando se han sentido legítimamente indefensos ante el Ayuntamiento; temas que pondrían la cara colorada a más de un gobierno capaz de escuchar estoicamente el informe.
En mayo de 2011 el defensor solicitó a este periódico escribir un artículo semanalmente trasladando a través de la prensa aquellos asuntos que no podía trasladar ni al Gobierno municipal ni al Pleno porque “los ciudadanos no estaban siendo oídos”.
Salas recuerda que el día en que tomó posesión se su cargo juró trabajar al servicio de la justicia, de la Ley y de los ciudadanos. “Si a este equipo de Gobierno no le interesa que funcione esta oficina, que convoque un pleno y elimine esta institución, y punto. No tengo ningún interés en seguir aquí. Estoy mayor, cansado, esto no me reporta más que disgustos, no tengo beneficio económico de ningún tipo… Es un cargo honorífico, pero prometí y juré mi cargo, y mientras esté aquí tengo que servir a mi pueblo y a la verdad”.
El defensor recuerda que el anterior equipo de Gobierno socialista convocó el pleno para oír su informe del defensor: “Se convocó, se habló y no ocurrió nada. El trato que se le dio en la exposición de la memoria de 2011 al equipo de Gobierno de entonces fue un trato respetuoso y delicado, pero diciendo la verdad”. Así, Salas recuerda que sólo el equipo de Gobierno y el alcalde tienen la potestad para convocar el pleno, aunque también recuerda que, al contar con más de una cuarta parte de los concejales del Pleno, incluso el equipo socialista podría convocar legalmente la sesión. No obstante, entiende sobre este asunto que “son actividades políticas” en las que prefiere personalmente no entrar a valorar.
Pepe Salas terminará el septiembre próximo su mandato, ocasión en la que renunciará al cargo para descansar. Sin embargo, entiende que es bueno para los arcenses que la oficina del defensor continúe adelante con otra persona, porque, entre otros motivos, existen ciudadanos sin recursos para recurrir a un abogado. En este sentido, el Ayuntamiento suprimió la asistencia que venía prestando a la oficina un abogado municipal, lo cual justificó el alcalde con una hipotética carga de trabajo del letrado porque otros dos abogados municipales se encontraban en ese momento de baja laboral. Pasado el tiempo, el Ayuntamiento dispone de todos sus abogados sin que haya restituido este servicio ya no al defensor, sino al ciudadano de Arcos.
El caso de Jerez
El defensor de la Ciudadanía de Arcos habla con cierta frecuencia con su homónimo de Jerez, Francisco Reinoso, quien al parecer le comparte las mismas quejas respecto a su relación con la administración local. “El ruido es el caballo de batalla y el ruido es el que puede que termine cerrando esta oficina”. Salas se teme una estrategia política para acabar con la figura y la oficina del defensor, tanto en Arcos como en Jerez, y recuerda que María Dolores de Cospedal clausuró la oficina del defensor de la Ciudadanía cuando llegó a la presidencia de la comunidad de Castilla-La Mancha. “Yo entiendo que si hay duplicidad de funciones en las administraciones, se eliminen aquellas que no sirvan para nada. Pero que se supriman aquellas que están ocasionando gastos graves, gastos económicos muy fuertes, pero esta oficina de Arcos tiene un gasto mínimo”.
Esos gastos quedan recogidos en la propia memoria del defensor, donde, efectivamente, se acredita, que son mínimos, pues la oficina ocupa un despacho de la Casa de la Juventud Antonio Hernández (de titularidad municipal), tan sólo tiene contratada a una administrativo que además ya era personal del Ayuntamiento, mientras que el defensor no percibe ni un euro por su cargo, que es en este sentido honorífico. A cambio de esa pequeña infraestructura -este medio ha sido testigo- Salas ha conseguido solucionar infinidad de problemas a los arcenses.
