El Ayuntamiento de Benaocaz y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT) de la Junta de Andalucía se niegan presuntamente a contestar al requerimiento del defensor del Pueblo andaluz que desde el pasado mes de mayo viene solicitando información sobre la construcción del polígono industrial Venta Martín, en el interior del Parque Natural Sierra de Grazalema.
Ecologistas en Acción se dirigió al defensor por la presunta falta de actuación de estas dos administraciones ante las numerosas denuncias presentadas desde 2007, cuando se iniciaron las obras de un enorme polígono industrial en pleno corazón de ese espacio protegido, lejos de cualquier población, y que ha provocado “un enorme impacto paisajístico” en las faldas de la Sierra de la Silla, señala el colectivo conservacionista.
Ecologistas en Acción denunció desde un principio este “atentado ecológico, autorizado incomprensiblemente por la CMAOT, y ha venido solicitando en reiteradas ocasiones en la junta rectora del parque natural que se interviniera para paralizarlo, al no tener ninguna justificación, ni por la demanda industrial existente en la zona, ni por su ubicación”.
De hecho, con la crisis, la empresa promotora paralizó las obras, pero el polígono, a medio construir, lo adquirió el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, “destinando dinero público a comprar un activo tóxico inviable en medio del Parque Natural Sierra de Grazalema”, manifiestan los ecologistas.
Ante la posible pasividad de estas dos administraciones, Ecologistas en Acción inició una investigación que ha llevado a destapar la presunta ilegalidad en que se encontraría este polígono industrial y la connivencia de las administraciones públicas, el Ayuntamiento de Benaocaz y la CMAOT.
Las graves ilegalidades detectadas por los ecologistas apuntan al plan parcial que no se publicó en el BOP hasta el 4 de diciembre de 2012, cinco años después del inicio de las obras. Al solicitar al Ayuntamiento copia del expediente, se les denegó incumpliendo la legislación de transparencia, señala en nota pública. “Cuando hemos solicitado la licencia de obras, también se nos ha denegado, por lo que presentamos una denuncia al Consejo de Transparencia de Andalucía que, al requerirle al Ayuntamiento la licencia de obras, ha obtenido por respuesta que han perdido el expediente”. Además, indican que “el plan parcial se aprobó sin haberse sometido al preceptivo procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, obligatorio desde 2006 para todos los planes urbanísticos, en cumplimiento de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente que la traspuso al ordenamiento jurídico.
“Estos graves hechos han sido denunciados en reiteradas ocasiones al propio consejero de MAyOT, sin que siquiera nos haya contestado”, expresa Ecologistas en Acción, que, por todo ello, presentó el pasado mes de abril una queja ante el defensor Pueblo contra el Ayuntamiento de Benaocaz y la CMAOT por la posible actuación negligente y/o cómplice en relación con la construcción de este polígono industrial ilegal; la negativa a contestar a los escritos y denuncias, y a los requerimientos realizados en la junta rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema. Ahora -concluyen- se niegan incluso a contestar al defensor del Pueblo andaluz.Ecologistas en Acción ha presentado en el juzgado de Ubrique otra denuncia contra los guardas privados y responsables de la sociedad Breña del Agua Investments S.L., propietaria de las fincas por las que discurre el camino público de Benamahoma a Zahara, “que intentaron por todos los medios impedir la masiva marcha organizada el pasado 8 de octubre para demandar el libre tránsito por las vías pecuarias y caminos públicos, y en solidaridad con el activista de Ecologistas en Acción Juan Clavero, que sufrió un lamentable montaje para intentar implicarlo en un delito de tráfico de drogas, precisamente por su participación en campañas en defensa de los caminos públicos en el Parque Natural Sierra de Grazalema”.
“Los sucesos que tuvieron lugar ese día fueron muy graves, ya que se intentó impedir el normal desarrollo de una manifestación legal por medios tan expeditivos como instalar varios vallados con alambres de espino en el camino público, grabar a los asistentes, o intentar agredirles, sin que ninguno de los más de 600 participantes en la marcha respondiera a estas provocaciones.
La marcha reivindicativa contaba con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente, ya que discurría por el Parque Natural Sierra de Grazalema, y se notificó a la Subdelegación del Gobierno al amparo del artículo 21 de la Constitución Española, y de la Ley Orgánica 9/1983, reguladora de los derechos de reunión y manifestación, dándole el visto bueno”. Pese a ello, los guardias interrumpieron el paso.
