Además, la futura ley tiene en cuenta las nuevas realidades, como el creciente envejecimiento de la población o los efectos de la globalización, según ha destacado la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, Fernández de la Vega ha señalado que la ley pretende garantizar “la equidad, la efectividad, la transparencia, la calidad y la cohesión de la organización de la salud pública en España”, y ha matizado que el texto reforzará los derechos y establecerá los deberes de los ciudadanos en materia de salud pública.
El texto prevé la creación de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública como coordinadora de los diferentes sistemas autonómicos, así como la Red Estatal de Laboratorios de Salud Pública.
El anteproyecto pretende también reforzar la promoción de la salud y la prevención de acuerdo con lo recogido en el artículo 43 de las Constitución (derecho a la protección de la salud) y adaptar la salud pública a los conocimientos científicos actuales.
La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha justificado la ley en el hecho de que “una sociedad saludable favorece enormemente el desarrollo económico y social”.
Ha explicado que se trata de un nuevo instrumento normativo que obligará a todos los ministerios a que hagan de la salud un eje transversal de todas sus políticas.
Jiménez ha señalado que hasta ahora la sanidad se ha centrado más en los servicios sanitarios y el cuidado de la enfermedad, pero “teníamos que dar un paso más” y “poner el acent” en la prevención de las distintas patologías y la mejora de la calidad de vida.
Entre sus principales novedades, el texto incorpora algunos derechos importantes para los ciudadanos como el reconocimiento del derecho a recibir información sobre una intervención de salud pública antes de someterse a ella, así como conocer los posibles riesgos para su salud de, por ejemplo, una colonoscopia.
Además, se refuerza la transparencia, para lo cual se requiere por primera vez la declaración de intereses para colaborar con las administraciones públicas en esta materia.
En relación con la vigilancia e información en salud pública se garantiza la creación de un sistema de alerta precoz y respuesta rápida, que detectará incidentes, riesgos ambientales, enfermedades y otras situaciones que representen un riesgo de naturaleza biológica, química, alimentaria, radiológica o nuclear.
Para ello, se crea la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, que coordinará los diferentes sistemas autonómicos.
En este sentido, se introduce la vigilancia de los condicionantes en salud y la vigilancia de sustancias tóxicas en el organismo humano, así como el seguimiento de parámetros nutricionales para controlar la frecuencia de problemas de salud tan diversos como la infertilidad, el cáncer y las enfermedades metabólicas y endocrinas.
Red Estatal de laboratorios
Se crea también la Red Estatal de Laboratorios de Salud Pública, que permitirá disponer en todo momento de las técnicas y procedimientos de máxima calidad para la detección y análisis de cualquier riesgo para la salud pública.
En el marco de la protección a la salud, se hace mención específica a la sanidad ambiental, en especial a los riesgos asociados al cambio climático, y a la sanidad laboral, mediante la promoción de entornos de trabajo favorables y de hábitos de vida saludables desde los lugares de trabajo.
La ley coloca la prevención en el centro del sistema sanitario, de modo que los servicios sanitarios del sistema y, en especial, la Atención Primaria asume un papel relevante en este campo.
