El Gobierno de España ha cuestionado el cambio de nombre del Nuevo Mirandilla por Estadio Carranza a instancias del Cádiz CF que, desde este viernes, con la aprobación del inicio del expediente, comienza su tramitación administrativa.
En una carta remitida al alcalde, Bruno García, el 30 de julio, y a la que ha tenido acceso VIVA CÁDIZ, la directora general de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, Zoraida Hijosa, avala la denominación actual de las instalaciones deportivas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz el 24 de junio de 2021, tras la instrucción del expediente.
Hijosa remarca que dicho cambio dio cumplimiento a las leyes estatal y autonómica de Memoria Histórica y Democrática, “dado que la anterior denominación hacía referencia a la figura de Ramón de Carranza, personaje que participó en el golpe de estado de 1936, que estuvo estrechamente vinculado a la Dictadura Franquista y que contribuyó activamente en la política de depuración que llevó a cabo el régimen en Cádiz”.
Si bien la directora general de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática no valora la propuesta del club, recuerda que la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática y, en el ámbito autonómico, la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, tienen por objeto el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, desde el golpe de estado hasta la entrada en vigor de la Constitución Española, así como promover la reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos constitucionales.
De este modo, la normativa establece que la exhibición de escudos, insignias, placas u otros objetos o menciones como el callejero, realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial se considera contraria a ley y a la dignidad de las víctimas.
Por todo ello, la carta concluye advirtiendo de que el Gobierno se “reserva cuantas acciones o medidas procedan en la salvaguarda” de la normativa ante el expediente que tramitará el Ayuntamiento para modificar la denominación del Nuevo Mirandilla.
