La Junta de Personal Docente de Cádiz ha lamentado las "cifras alarmantes" que la educación concertada ha alcanzado en Andalucía y, especialmente, en la capital gaditana, y ha señalado que esto supone "un despilfarro inadmisible" y una "anomalía en el contexto europeo" cuando, al mismo tiempo, se están cerrando centros y aulas públicas.
En un comunicado de prensa, la Junta de Personal Docente de Cádiz analiza esta situación ya que este curso se renovarán los conciertos educativos en toda la comunidad andaluza, con lo que la administración andaluza tiene "una oportunidad única" para mostrar "su apoyo a la enseñanza pública".
Explican que en la capital gaditana "y en casi todas las grandes ciudades de nuestra provincia y de nuestra comunidad, la enseñanza pública ya es subsidiaria de la concertada".
Para apuntarlo explican que en la ciudad de Cádiz, la escolarización en infantil, primaria y secundaria "ronda el 60% en la enseñanza concertada", ya que sólo un 37,95% del alumnado de infantil de 2º ciclo está matriculado en la escuela pública, un 41,81% de primaria y un 39,23 de secundaria.
La Junta de Personal docente subraya que el descenso de la natalidad "no legitima, bajo ningún concepto, la perdida de unidades en la escuela pública si al mismo tiempo se mantiene blindada la escuela concertada".
"Consideramos que la existencia de dos modelos educativos supone un despilfarro inadmisible para las arcas públicas dada la existencia de muchas plazas vacías en los centros públicos y el espacio disponible infrautilizado de los mismos", dice el comunicado, en el que asegura que desde finales de la década de los noventa se han cerrado en la capital gaditana seis colegios y un instituto y se han suprimido numerosas unidades.
Para la Junta la doble red, de escuela pública y escuela concertada, es "una anomalía en el contexto europeo" que tiene "efectos perversos en la educación de nuestro país y, en particular, en Andalucía".
"Una de la consecuencias más dramáticas es que el ya escaso gasto público destinado a la educación sea menos eficiente", subrayan.
Por ello reclaman a la Administración andaluza que no admita nuevos conciertos educativos para el sexenio 2017/2023 y que revise los actuales "atendiendo a las plazas vacantes en los centros públicos".
Además pide "la eliminación automática de los conciertos a todos los centros que segreguen por sexo" y "la fiscalización y auditoría de todos los ingresos realizados en los centros concertados".
