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Cádiz

Al rico pero prohibido carajo de mar en un restaurante chino de Cádiz

A disposición judicial en la capital a cuatro ciudadanos de origen asiático por supuestamente almacenar y comercializar especies protegidas

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La Guardia Civil de Cádiz ha investigado y ha puesto a disposición judicial en la capital a cuatro ciudadanos de origen asiático por supuestamente almacenar y comercializar caballitos de mar y pepinoso carajos de mar (holoturias) desde un restaurante, a quienes se imputa un delito contra la flora y la fauna por comercializar una especia protegida en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (Convenio Cites).

Los investigados almacenaban, según ha informado el Instituto Armado mediante una nota, en la trastienda de un restaurante de comida asiática mas de 340 kilos de pepinos de mar (Holoturias) y 300 caballitos de mar, todo ello ya deshidratado, por lo que habría que multiplicar por diez el peso de las capturas obtenidas de manera ilícita y tenían cajas preparadas para su envío a distintos establecimientos de España e Italia.

La actuación realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se ha producido en Cádiz como respuesta a las capturas masivas y comercio ilícito en las costas andaluzas sobre este espécimen autóctono, de vital importancia para el equilibrio de los ecosistemas marinos.

Ante las fundadas sospechas de que los responsables de este establecimiento podrían estar comprando a pescadores furtivos de estas especies, grandes cantidades de ejemplares, se ha organizado un dispositivo que ha permitido conocer que estarían realizando envíos a distintos establecimientos regentados por ciudadanos de la comunidad asiática, quienes atribuyen a estos especímenes propiedades curativas y afrodisíacas.

Nada más comenzar la inspección, los guardias civiles han encontrado en el almacén del establecimiento una veintena de cajas de considerables dimensiones en las que se almacenaban miles de ejemplares de esta especie, ya deshidratados, y numerosas bolsas con cientos de caballitos de mar, de todos los tamaños y en el mismo estado.

De la misma forma se han localizado diversas cajas de dimensiones más reducidas, listas para su envío a través de paquetería exprés a establecimientos de Madrid, Soria, Asturias y Liguria en Italia.

Ante la gran cantidad de pepinos de mar que se almacenaban, se ha procedido a un primer pesaje, que arrojó más de 340 kilogramos, cuando su peso debería estar multiplicado por 10, según han manifestado expertos de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía, con una suma de más de 18.000 ejemplares.

Se han contabilizado un total de 293 especímenes desecados de caballitos de mar almacenados, pertenecientes a la especie Hippocampus ravulosus. Todas las especies de Hippocampus incluidas en el Apéndice II del Convenio CITES, y que desde el año 2013 estas especies figuran en la Lista Roja de Especies amenazadas de la IUCN (Internacional Union for Conservation or Natrue ans Natural Resources).

Una especie y otra son muy apreciadas en la medicina tradicional asiática, por sus supuestas propiedades curativas y afrodisíacas.

Los guardias civiles han levantado acta de la actuación y las remitieron para su análisis al Centro de Investigaciones y Estudios Marinos (CICEM) en El Puerto de Santa María, dependiente de la Junta de Andalucía, aunque todas ellas se encuentran protegidas por el Convenio Cites.

El informe constató respecto a los caballitos de mar que pertenecían a la especie y eran objeto de especial protección, se ha procedió entonces a la investigación de los responsables del establecimiento como presuntos autores de un delito contra la flora y fauna, por comercializar una especie protegida y cuya población en Cádiz, debido al furtivismo, está casi esquilmada.

Por parte de los pepinos de mar, su captura furtiva y con fines comerciales está prohibida y se considera un delito contra la flora, la fauna y el medio marino porque este especimen realiza una función de limpieza y depuración de las aguas fundamental para la calidad de nuestras aguas.

Las diligencias policiales, los investigados y los efectos intervenidos se pusieron a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Cádiz y de la Fiscalía de Medio Ambiente.

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