El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo que autoriza al Ministerio del Interior para que contrate el equipo de suministro de equipos y medios técnicos para "adecuar" las capacidades del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en Cádiz, Algeciras y Ceuta, por valor estimado de 25,7 millones de euros.
Se trata del acuerdo más cuantioso de los aprobados en lo que va de 2022 en lo relativo al SIVE, una herramienta clave para el control de la inmigración irregular y el crimen organizado en el Estrecho. En concreto, es la Secretaría de Estado de Seguridad la encargada de articular dicho acuerdo.
Las Referencias de los Consejos de Ministros celebrados por el Gobierno de Pedro Sánchez recogen otros acuerdos parecidos, como fue el caso del 22 de marzo, cuando se aprobó la declaración de emergencia para la contratación del mantenimiento del SIVE en los despliegues de Cádiz, Algeciras, Ceuta, Málaga, Granada, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Baleares, Pontevedra, Tenerife y Unidades Móviles, en este caso por importe de 1,4 millones de euros.
También el 22 de marzo se tomó razón por valor de 48.293 euros de la declaración de emergencia para los servicios de apoyo a la gestión (lote 15) del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior de la Guardia Civil (SIVE).
Un mes antes, el 22 de febrero, el acuerdo del Gobierno presidido por Pedro Sánchez atendía a la declaración de emergencia para la contratación del servicio de mantenimiento en Las Palmas de Gran Canaria, por importe de 289.818 euros.
Pateras a Canarias
El PP y otras formaciones como Nueva Canarias han preguntado esta legislatura a Interior por la polémica instalación de un radar para reforzar el SIVE en Lanzarote norte. Los 'populares', en concreto, denunciaron que se mantenía guardado en un almacén de la Guardia Civil, lo que vinculó con la llegada de migrantes a las costas canarias.
Marruecos, país con el que se acaba de anunciar una "nueva etapa" en la que se espera mejorar el control de flujos migratorios, tras el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez a su plan sobre el Sáhara Occidental, también cuenta con un sistema similar de videovigilancia de su costa.
El SIVE en España cuenta desde los primeros años de 2000 con despliegues en diferentes zonas de la geografía española. En julio de 2019, Grande-Marlaska inauguró la interconexión con el SIVICC portugués en la frontera norte entre ambos países, que se sumaba a la existente en la frontera sur desde 2017.
Entre las funciones del SIVE figura detectar a larga distancia las embarcaciones que se aproximen a nuestro litoral; identificar el tipo de embarcación y a sus tripulantes con el fin de comprobar la posible actuación ilegal de los mismos; coordinar el seguimiento, en su caso, de la embarcación, utilizando para ello los medios marítimos, aéreos y terrestres con que cuenta la Guardia Civil; así como interceptar a los presuntos delincuentes o auxiliar a los inmigrantes irregulares.
El SIVE se define técnicamente, según consta en la página web del Ministerio del Interior, como un dispositivo operativo que, sobre un soporte técnico, facilita la vigilancia de la franja de mar territorial español y su entorno, aportando la información obtenida en tiempo real al Centro de Mando y Control. Desde aquí se dan las órdenes precisas para la interceptación de "cualquier elemento susceptible de entrar ilegalmente en el territorio de la UE".
