La sección séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, ha reanudado hoy la vista oral de uno de los juicios por narcotráfico contra dieciséis presuntos integrantes del clan de los Castañas.
La aportación, por parte de la Fiscalía, de una serie de escuchas sobre los teléfonos de los acusados como prueba pericial ha centrado una larga sesión hoy, lunes, con la que se reanuda una vista que había quedado aplazada el pasado mes de junio.
Los abogados de la defensa han tratado de desacreditar dichas pruebas con un informe de dos peritos centrado en las dificultades que tuvieron para acceder al contenido de un disco duro en el que se almacenaban dichas escuchas.
La Fiscalía ha aclarado varios de los presuntos errores que contenía dicho disco duro con la declaración realizada por un agente autorizado.
Las grabaciones, efectuadas con el sistema Sitel, el empleado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para las escuchas telefónicas autorizadas por vía judicial, comenzarán a ser oídas en la sala este martes.
En principio se han fijado sesiones diarias hasta el jueves, cuando está previsto que el juicio quede visto para sentencia.
La investigación de los hechos que se juzgan comenzó en 2015 y a lo largo de la misma se intervinieron unos 1.500 kilos de hachís. Se acusa a los dos hermanos Tejón de contactar con proveedores de droga en Marruecos y al resto de la organización del traslado de la misma por el Estrecho y los consiguientes alijos. Entre los acusados hay tres policías que habrían facilitado información a la red, según la acusación.
Los dos hermanos considerados los líderes del clan dedicado, presuntamente al narcotráfico, se enfrentan a una pena de veinte años de prisión.
En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso VIVA la Fiscalía solicita para Isco y Antonio penas de quince años de prisión y cuatro millones de euros de multa por un delito contra la salud pública, tres años de prisión por tenencia de armas y otros dos años de prisión por receptación.
Para el resto de los acusados, hasta un total de quince, entre ellos tres policías nacionales, la petición es de nueve años de prisión y cuatro millones de euros de multa por un delito contra la salud pública, a excepción de uno de ellos, para quien también solicitan otra pena de tres años de prisión por tenencia de armas.
Además, hay un acusado, hijo de Isco, enjuiciado como menor, acusado de dirigir la organización en ausencia de su padre.
