El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha amenazado a dos reconocidos abogados de Derechos Humanos británicos, Caoilfhionn Gallagher y Adam Wagner, con una demanda por difamación a raíz de la presentación de una denuncia en nombre de sus clientes por un supuesto caso de corrupción.
Según el abogado que representa a Picardo, al Gobierno gibraltareño y a otros altos cargos, las afirmaciones de los abogados son “totalmente falsas y altamente difamatorias”, informa el diario británico The Guardian.
Gallagher y Wagner representan al exjefe de la Policía gibraltareña Ian McGrail, quien asegura que le presionaron para jubilarse anticipadamente tras una orden de registro contra una persona cercana a Picardo. El dirigente gibraltareño ha negado todas las acusaciones.
El abogado del Gobierno gibraltareño, Peter Caruana, quien también fue ministro principal del Peñón, ha afirmado que las acusaciones presentadas por los abogados en nombre de McGrail “son indignantes y totalmente falsas, además de altamente difamatorias. El ministro principal nos ha autorizado a informar de que se reserva sus derechos con respecto a las personas mencionadas”, ha añadido.
Gallagher ha respondido calificando esta advertencia de “tan inapropiada como intimidatoria”, una “conducta victimizada. Hemos pedido que se retire esta amenaza. Lamentablemente esto no ha ocurrido”, ha indicado antes de recordar el “privilegio calificado” que protege a los abogados cuando están representando a sus clientes en un proceso legal.
Caruana ha respondido que “solo es una amenaza si mi leída amiga o su cliente creen que no tienen derecho a la defensa del privilegio calificado”.
Sin embargo, el instructor de la causa, Peter Openshaw, ha apuntado que esta amenaza de denuncia por difamación está “fuera de lugar. La gente debe poder presentar denuncias y no se debe disuadir a los testigos de proporcionar pruebas o presentar denuncias ante la investigación. Lamento que se haya realizado esta amenaza”, ha argumentado.
Tras la vista, Wagner ha pedido una disculpa. “Los abogados que representan a sus clientes no deberían recibir amenazas personales por difamación. Es particularmente preocupante que estas amenazas procedan del Gobierno de Gibraltar. Nos complace que Peter Openshaw haya criticado la conducta del Gobierno”, ha apuntado.
El presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de la Abogacía, Mark Stephens, ha criticado también la actuación del Gobierno gibraltareño. “Los abogados deben ser libres de representar a sus clientes sin el temor a ser demandados personalmente por difamación. Es lamentable, una afrenta a los Derechos Humanos que el Gobierno de un territorio británico de ultramar utilice esta táctica contra abogados británicos y gibraltareños”, ha subrayado.
