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El PGOU linense podría ser la llave del gobierno de Diputación para el PP

Está en manos de una administración del PP el que Franco saque adelante su proyecto de ciudad. Contiene aspectos polémicos como regularizaciones en el Zabal

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  • La Línea, con Gibraltar de fondo. -

Muchos son los aspectos que se tratarán en las sucesivas reuniones que mantendrá el alcalde electo de La Línea de la Concepción, Juan Franco, con representantes del PSOE y el Partido Popular de cara a configurar los próximos gobiernos de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y la Diputación Provincial de Cádiz. Hasta ahora, poco ha trascendido del contenido de esas reuniones, más allá de que la primera tuvo lugar el pasado viernes entre socialistas y La Línea 100x100 y que hoy lunes le tocará el turno al Partido Popular. En ese encuentro de hoy con el PP, uno de los elementos que podría estar sobre la mesa, según ha podido saber este medio, es la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de La Línea.

En concreto, la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), Catálogo de Protección y Estudio Ambiental Estratégico, en su fase de análisis de alegaciones, e incorporación de observaciones de informes sectoriales pasó el pasado 19 de mayo por el pleno extraordinario de la corporación municipal para su envío a la Junta de Andalucía, que es la que debe aprobar su Declaración Ambiental Estratégica (DAE), último paso previo a que el planeamiento salga adelante.   La versión del PGOU presentada incluye las rectificaciones requeridas para su adaptación a la normativa vigente por parte de la Junta de Andalucía sobre zonas susceptibles de inundabilidad, y por parte de  Costas, relacionada con el deslinde como servidumbre de tránsito de la carretera nacional CA-34. También contiene la resolución de las 197 alegaciones presentadas por entidades y particulares, en la inmensa mayoría de los casos desestimándolas.

Será la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático la que deberá dar ese dictamen, momento a partir del cual se enviará el documento a la consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para la tramitación de su aprobación definitiva.   Esta deberá producirse de forma expresa en el plazo máximo de cinco meses a contar desde el día siguiente al de su presentación en el Registro de dicha consejería, según explicaba el Ayuntamiento, lo que supone tenerlo a principios de 2024. Está, pues, en manos de una administración gobernada únicamente por el PP la posibilidad de que Juan Franco saque adelante la que sería su mayor baza para el desarrollo de La Línea en los próximos años.

No en vano, Juan Franco manifestó, tras una reciente reunión con el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana de la Consejería de Fomento, de la Junta de Andalucía, José Andrés Moreno Gaviño, que el nuevo PGOU “va a solventar muchísimos de los problemas y va a generar la posibilidad de atraer inversiones, riqueza y puestos de trabajo”. Manifestó entonces el alcalde la intención municipal de “ir de la mano con la Junta” para conseguir una aprobación lo más pronto posible. Regularización del Zabal Pero el proceso no es tan fácil.

Aun habiéndose subsanado las directrices indicadas por las administraciones competentes, siguen existiendo en ese PGOU aspectos controvertidos, como la reclasificación a suelo urbanizable de terrenos de la zona del Zabal a fin de regularizar la parcelación y edificaciones ilegales del área.   Ello motivó unas alegaciones presentadas por el grupo conservacionista Verdemar Ecologistas en Acción, que fueron desestimadas. Verdemar recordaba que el Asentamiento Urbanístico de El Zabal “ya fue delimitado por el PGOU de 1993, que reconoció 13 parcelaciones en su ámbito y lo clasificó como Suelo No Urbanizable de Especial Protección Agraria, como Áreas de Regulación o Reconducción Urbanística (ARU)”. Estas áreas, recuerdan, “son el germen de las múltiples parcelaciones surgidas en los últimos años como consecuencia de un triple proceso de desvalorización de la actividad agraria, la aparición de actividades ilícitas de una alta rentabilidad y las apetencias de la población por acceder a una vivienda suburbial de bajo coste”. Verdemar indica que se reconoce que hay 1.206 viviendas ilegales, y no sólo no se adoptan ninguna medida para aplicar la disciplina urbanística, al menos en los suelos de especial protección, sino que se pretende legalizarlas todas y construir 1.027 viviendas más.  

El Zabal sigue adelante

A este respecto, el teniente de alcalde del área municipal de Ordenación del Territorio y Desarrollo Sostenible, Daniel Martínez, aseguraba, en declaraciones exclusivas a ANDALUCÍA INFORMACIÓN, que “las alegaciones se contestaron y eso sigue adelante. La intención es regularizar mediando la legalización por mediación de la LOUA”, recordando que “cuando nos pusimos a redactar, nos cambiaron la ley, y que era necesario cambiar la clasificación del suelo a “urbano no consolidado” para meterlo “dentro de la legislación vigente”.

Sierra Carbonera

De igual modo, se planteaban dudas por parte de los ecologistas acerca de la posible recalificación de terrenos en zonas afectadas por incendios, como Sierra Carbonera, para futuros usos urbanísticos, lo que fue desmentido por el concejal: “Lo hemos dejado como suelo rústico, no urbanizable, de acuerdo con la Ley de Montes, más allá de lo que marca el POTA (con rango normativo mayor al municipal)”, que marcaría como crecimiento máximo 160 hectáreas como zona turística. En una adenda al PGOU referida al Plan Municipal del Cambio Climático, Verdemar planteaba la posibilidad de ampliar el parque natural de los Alcornocales por la zona de Sierra Carbonera. A este respecto, el Ayuntamiento se mostró favorable, indicando en su respuesta a las alegaciones de Verdemar que “en cuanto a la ampliación del Parque Natural de los Alcornocales y dado que Sierra Carbonera es zona no urbanizable, no existiría problema para la ampliación del parque natural de los alcornocales hacia esta zona”.

El edil de Urbanismo, al margen de los aspectos negociadores, espera que “ojalá no tarde más de seis u ocho meses” la aprobación definitiva del PGOU, y, aunque es optimista, al haberse tenido en cuenta todas las directrices y haberse contestado los informes sectoriales, “un documento de más de 500 planos y 3.500 folios algo se puede haber ido”.  

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