Ecologistas en Acción se ha dirigido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para solicitar que adopte las medidas legales oportunas para "bloquear" la privatización de la finca La Almoraima que tiene prevista el Gobierno de la España.
En un comunicado, el colectivo ecologista argumenta que la Junta tiene "competencias legales más que suficientes para impedir el inmenso despropósito que supondría vender la finca de mayor superficie del Parque Natural Los Alcornocales, pues de sus 14.113 has, 12.760 has están incluidas en este valioso espacios natural protegido, lo que supone el 7,6 por ciento del mismo".
Esta operación supondrá el pase a propiedad privada de una zona de "alto valor ecológico, social y económico", lo que equivale a "una nueva desamortización de montes públicos de consecuencias irreparables, máxime si se tiene en cuenta que la pretensión de la misma es claramente especulativa".
Según han declarado los máximos responsables de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la gerente de la finca, la venta "va dirigida a inversores extranjeros de cara a promover complejos turísticos-urbanísticos de lujo, con hoteles, urbanizaciones, campos de golf, aeródromo privado, instalaciones hípicas, lo que afectaría a uno de los parques naturales más valiosos a nivel europeo, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco y Zona de Especial Conservación por la Directiva Hábitat de la Unión Europea".
Resalta el colectivo ecologista que tanto la presidenta de la Junta como la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se han manifestado "en contra de esta privatización", pero los ciudadanos andaluces "no entenderían que la oposición a este disparate se quedara en meras declaraciones y no se utilizaran los instrumentos legales de que dispone la Junta para que esta privatización nunca se lleve a cabo y garantizar el carácter público de esta finca".
Medidas
Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado a la presidenta de la Junta que se declare La Almoraima como monte de dominio público, según lo previsto en el artículo 21 de la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía. Esta declaración conllevaría el carácter "inalienable, imprescriptible e inembargable" de la totalidad de la finca, y la consideración a efectos urbanísticos como suelo no urbanizable de especial protección. Esta declaración es competencia del Consejo de Gobierno de la Junta, e implicaría "la imposibilidad legal de que el Gobierno proceda a su enajenación".
Por otro lado, pide un compromiso público de que la Junta no autorizará "reclasificaciones urbanísticas de ningún tipo, ni la construcción de complejos turísticos en esta finca", y que este compromiso se ratifique en el Parlamento andaluz con el compromiso de adoptar acciones legales y "las modificaciones normativas que sean necesarias para impedir que ningún inversor privado pueda promover campos de golf, hoteles, aeródromos ni complejos urbanísticos en los terrenos de la finca La Almoraima".
