El secretario provincial del PA en Cádiz, José María España, ha solicitado el cese de Isabel Ugalde como gerente de La Almoraima por considerar que "no ha contribuido a la transparencia" de la gestión de la finca y "no prestar atención a los proyectos que han presentado diversos colectivos para introducir cambios y mejora en la gestión" de la misma.
En un comunicado, el dirigente andalucista basa su acusación de falta de transparencia en que "no se han mostrado los resultados de la auditoría realizada a la gestión de la finca desde que fuera expropiada a Ruiz Mateos en 1983".
Asimismo, se hace eco de las últimas informaciones publicadas en prensa relativas a que "desde 2009 se han invertido cerca de once millones de euros procedentes de los denominados Plan E y Plan de Sostenibilidad" y se pregunta "dónde está ese dinero, en qué se ha invertido y cuáles han sido los resultados de esa inversión".
Igualmente, respalda las críticas realizadas desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y otras organizaciones sobre el "estado de abandono en que se encuentran las instalaciones e infraestructuras como caminos y veredas y la falta de investigación de 'la seca', la enfermedad que está matando al alcornocal y causa principal en la caída en la producción de corcho y, por tanto, de las posibilidades de generar empleo sostenible en este espacio".
Lamenta España que "de los únicos datos que tenemos noticias es del despido de trabajadores y que desde la gerencia de La Almoraima se preocupan de mantener una suite en la Casa Convento, pero no se preocupan de atender la realidad social de Castellar y del Campo de Gibraltar con miles de familias en paro, muchas recurriendo a entidades solidarias para poder atender sus necesidades básicas".
Añade que, "a pesar de cobrar un buen sueldo", la gerente "nada ha hecho para que la finca repercuta en el desarrollo sostenible y en la creación de puestos de trabajo vinculados a los recursos naturales".
Por ello, los andalucistas piden el cese de Ugalde y exigen al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que "dé marcha atrás en su plan de vender La Almoraima". Así, defienden el carácter público de la finca y "proyectos encaminados a una gestión eficaz de la finca, con planes que repercutan en el empleo y el desarrollo social y económico de la zona".
Entiende el PA que La Almoraima puede contribuir a ello "sin tener que recurrir a las propuestas de carácter especulativo y que sólo persiguen despojarnos de lo que es nuestro y traer hambre mañana con la mentira de que hoy nos darán pan jugando con las ilusiones de ciudadanos que están sufriendo las consecuencias del paro", concluye.
