La Audiencia Nacional juzgará a partir de este lunes a Nabil E.A., para quien la Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales cuatro años de prisión por difundir el yihadismo en redes sociales y formarse para la comisión de atentados con la intención de combatir con la organización terrorista Dáesh.
Según el Ministerio Público Nabil E.A., para quien se decretó prisión provisional tras ser detenido en septiembre de 2019 en Algeciras, participó al menos desde diciembre de 2018 en los canales virtuales de propaganda yihadista, archivando y difundiendo material de Dáesh en las redes.
Añade que, además, recibió formación para la comisión de acciones violentas en nombre de la organización terrorista adhiriéndose al ideario de la misma con la intención de desplazarse a la zona de combate (Siria o Irak) o de contribuir a la comisión de atentados en nombre del Estado Islámico en la modalidad de "lobo solitario" en cualquier lugar.
El fiscal relata que en un grupo de una red social del que formaba parte el acusado compartieron amenazas a un juez de la Audiencia Nacional y a su familia.
Igualmente en Telegram compartió amenazas como esta: "A los cristianos españoles no os olvidéis la sangre derramada de los musulmanes de la inquisición española. Vengaremos vuestra matanza y con el permiso de Allah el Ándalus volverá a ser lo que fue, tierra de Califato".
Y accedió en internet a un grupo dedicado a la compraventa de artículos de segunda mano entre los que se encontraban armas de guerra y equipamiento militar.
Asimismo accedió a manuales de fabricación de venenos para la guerra, de bombas caseras y para hacer detonar un explosivo a través del móvil y a vídeos con atentados cometidos en Europa entre ellos los perpetrados en las Ramblas de Barcelona y en el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona).
Igualmente accedió a un grupo de Whatsapp en el que se difundían consejos a los muyahidines para llevar a cabo acciones terroristas, medidas de seguridad a adoptar y modo de realizar vigilancias previas.
También había instrucciones para atentar en un mercado con explosivos, objetivos más adecuados para atentar con coches bomba, observaciones para camuflar artefactos y atentados dentro de autobuses y paradas de autobúes.
Además de la pena de cuatro años de cárcel, el fiscal pide que se proceda a la expulsión del acusado de España cuando acceda al régimen abierto penitenciario o se le conceda la libertad condicional sin que pueda regresar a España en cinco años.
