El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido este martes información al alcalde, José María Bellido, sobre la compra de 8.000 test rápidos de detección del Covid-19 por la empresa municipal de Saneamientos (Sadeco) por un importe de 316.000 euros, "un contrato de compra que se declaró de emergencia el 31 de agosto de 2020".
Según ha apuntado Hurtado en una nota, "esta compra de test se hizo por Sadeco para los trabajadores de la empresa". "Con la información disponible, cada test tuvo un coste aproximado de 40 euros, cuando, según los datos aportados por el Tribunal de Cuentas, los test se compraron por el Ayuntamiento de Barcelona a 7,36 euros; por el de Málaga, a 7,90 euros; por el de Zaragoza, a 8,65 euros; por el de Las Palmas de Gran Canaria, a 10,75 euros, y por el de Madrid a 13,01 euros", ha comparado el socialista, quien ha detallado que "el Tribunal de Cuentas fija como precio medio de las pruebas rápidas de anticuerpos en 9,14 euros".
El edil considera que "el precio al que pagó los test Sadeco fue cuatro veces superior a la media del precio que se pagó en otras ciudades de España", por lo que ha pedido "información pormenorizada sobre este expediente al alcalde". Entre la petición de información figura la copia del contrato, información sobre las ofertas que se pidieron para este suministro a distintos proveedores, identificación del contratista que suministró los test, tipo de test que se suministraron y precio unitario con IVA de cada test.
Además, Hurtado ha requerido "la razón por la que no se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea a pesar de tratarse de un contrato de regulación armonizada, así como que a quién se designó como responsable del contrato encargado de supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactado".
También, ha solicitado "las copias de las distintas ofertas que se presentaron a este suministro, si se abonó el suministro en el plazo previsto en la ley de 30 días, las razones en caso de no haberse cumplido, si se comprobó la solvencia económica y financiera y profesional o técnica del contratista y la capacidad de obrar del proveedor elegido y copia de las facturas pagadas al proveedor".
Al respecto, el portavoz del PSOE ha exigido al regidor "transparencia absoluta para justificar esta compra a precio excesivo, según los datos con los que se cuentan".
