La coordinadora de Educación del PP de Córdoba, Luisa María Arcas, junto con la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP de Córdoba y parlamentaria andaluza, Rafaela Obrero, ha criticado este martes que la Consejería de Educación de la Junta, "excusándose en la baja natalidad y con una única pretensión política", está "obviando la elección de los padres del modelo educativo para muchos niños cordobeses, maltratando así a la educación concertada y a los muchos puestos de trabajo que dependen de ella".
Así lo ha advertido la popular, que con Obrero, han mantenido un encuentro con la organización educativa Escuelas católicas y con la FAPA Concertada para abordar la supresión de unidades de educación concertada en la provincia de Córdoba, según informa el PP en una nota. Dicha organización engloba aproximadamente a unos 50 centros educativos en Córdoba, con 26.000 alumnos y 2.600 trabajadores, de los que 1.900 son profesores y docentes.
Además, el PP llevará a la próxima Comisión de Educación del Parlamento andaluz, que se celebrará este jueves 21 de marzo, una iniciativa en la que preguntará a la consejera Mar Moreno por la supresión de unidades en colegios concertados de Córdoba y Andalucía.
Al respecto, según Arcas, esta situación, "aunque novedosa, no es extraña y es un ataque más del PSOE a la educación concertada, históricamente vapuleada por el Gobierno andaluz, castigada por impagos, por falta de atención en cuanto a la ampliación de ratios ante la demanda de las familias". Y es que, agrega, "como decimos desde hace tiempo en el PP, el Gobierno andaluz de PSOE e IU, instalado en un radicalismo absurdo, pretende desmantelar la educación concertada, a pesar de ser una opción educativa muy demandada por las familias cordobeses, y a pesar de suponer un coste mucho menos que la educación pública para las arcas autonómica", afirma Arcas.
En este sentido, explica que el PP ha defendido en todo momento "la convivencia de la educación pública y concertada, que da respuesta a toda la demanda de las familias andaluzas y cordobesas, ya que de otra manera no se podrían escolarizar a la totalidad de los alumnos". Asimismo, defiende "la libertad de elección de los padres para decidir el modelo educativo que quieren para sus hijos", y exige "respeto" a la Administración Autonómica ante "un tema tan sensible para el futuro de estos niños como es su escolarización".
"LA JUNTA FALSEA DATOS DE BECAS"
Por otro lado, la parlamentaria andaluza del PP ha acusado a la Delegación de Educación de la Junta en Córdoba de "falsear los datos sobre becas, con el único fin de confrontar con el Gobierno de España, responsabilizar a otros y al mismo tiempo tratar de ocultar sus recortes y la pésima gestión desarrollada en la política de becas".
Obrero ha señalado que el Gobierno de España ha aumentado en 25 millones de euros el presupuesto destinado para becas y ayudas en 2013 respecto al presupuesto de 2012, además la convocatoria para solicitar las becas se encuentra aún abierta hasta mayo de 2013, al tiempo que se pregunta "¿cómo puede el Gobierno andaluz conocer el número definitivo de solicitantes así como la nota media del alumnado afectado?".
La parlamentaria ha criticado a la Junta "por engañar y equivocar a los ciudadanos además de seguir instaurando en Andalucía la política del mínimo esfuerzo, la de aprobar en los despachos con cinco suspensos a pesar de tener a todo el claustro en contra, en lugar de fomentar la cultura del esfuerzo".
Además, subraya que "mientras el Gobierno de España, a pesar de las dificultades económicas, apuesta por la educación aumentando su presupuesto para Becas y ayudas, el Gobierno andaluz continúa con su nefasta gestión y planificación de becas", y como ejemplo de ello Obrero cita la Beca 6.000, que "en sólo dos años la Junta de Andalucía ha dejado de ejecutar 43,8 millones de euros en toda la Comunidad Autónoma, recortándoselo a los andaluces a pesar del gran número de solicitudes".
Obrero ha lamentado que durante el curso 2011-2012 en Córdoba solo se hayan aceptado 650 becas de las 3.082 solicitudes correspondientes a la Beca 6.000 debido a "los rigurosos requisitos vinculados a la renta; es decir sólo un 21 por ciento de las solicitudes".
A su juicio, "el gobierno de la Junta engaña a los ciudadanos y aplica graves recortes en materia educativa, ya que sólo ha gastado 327.200 euros de los 24 millones de euros comprometidos para las Becas 2ª oportunidad, que a pesar de haber modificado sus requisitos en dos convocatorias, de las 6.000 becas prometidas el Gobierno andaluz solo ha aprobado 334".
En definitiva, Obrero ha instado a la Consejería de Educación de la Junta a que actúe de manera "responsable" y "deje de echar balones fuera culpando al Gobierno de España y generando incertidumbre a los andaluces".
SITUACIÓN DE "INSEGURIDAD JURÍDICA Y SOCIAL"
Según han informado los colectivos que han asistido a la reunión, están "sufriendo una situación de inseguridad jurídica y social; jurídica porque la propia Consejería de Educación actúa de forma contraria a la normativa existente, ya que en la Ley de Educación de Andalucía también se recoge la educación concertada"; e "inseguridad social, porque la eliminación de conciertos perjudica directamente a las familias con hijos en estos centros, ya que estas plazas educativas podrían pasar a ser privadas".
Y es que, "la intención del bipartito andaluz es el desmantelamiento progresivo de líneas completas de educación concertada, de forma que este modelo educativo quede aniquilado y se convierta en privado".
Asimismo, la educación concertada supone 800 millones de euros en Andalucía para la Administración Autonómica, "con lo cual la Consejería está actuando según criterios ideológicos y no de ahorro", dice Arcas.
Ante ello, el PP de Córdoba se ha comprometido con esta organización en llevar a la Cámara Autonómica la supresión de estas unidades concertadas, lo que ha calificado la popular como "un atentado contra el derecho de los padres a la libre elección de centro y modelo educativo para sus hijos, recogido en el artículo 27 de la Constitución Española".
